- La mandataria federal admitió que, en el caso de la refinería Dos Bocas, hubo una asesoría preventiva de la Auditoría Superior de la Federación.
No está fuera de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dar asesoría preventiva, como fue en el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas, además de que las observaciones, en muchas ocasiones, son asuntos normativos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. “No hay nada malo en ir acompañando un proceso para que se cumpla toda la normatividad”, aseguró.
La jefa del Ejecutivo federal respondió al reportaje de portada de Proceso que indica que “el 1 de junio de 2020 Colmenares Páramo, titular de la ASF, y Rocío Nahle García, entonces secretaria de Energía, firmaron un ‘convenio para la fiscalización superior preventiva en la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas’, el cual estipuló que la ASF revisaría ‘de manera adelantada’ las ‘disposiciones jurídicas aplicables’ relativas a ese megaproyecto emblemático del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.
Agrega: “Para efectos concretos ese convenio exentó al megaproyecto de una observación a detalle del ente fiscalizador: si bien la ASF realizó 34 revisiones a la refinería Olmeca de Dos Bocas entre 2020 y 2024, encontró montos por aclarar de apenas 607 millones 552 mil pesos, equivalentes a 0.014% de los 412 mil 309 millones de pesos que PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID), filial de PEMEX que controla la refinería, reportó como activos a finales de 2024”.
La mandataria federal admitió que, “en el caso de la refinería Dos Bocas, pues hubo una asesoría preventiva. Muchas veces las observaciones no tienen que ver con un con un faltante de recurso, con un mal manejo de los recursos, sino muchas veces con temas normativos”.
El ejemplo que dio de ese tipo de temas es que “no se entregó la hoja rosa que venía detrás de la hoja verde y, por lo tanto, pues hay una observación que corresponde a todo lo que significan esas dos hojas, que pueden ser miles de millones de pesos. Y no necesariamente es que alguien no hizo la contratación que debía hacer, sino que hay un problema normativo”.
El acompañamiento de la Auditoría Superior o las contralorías estatales, así como la Secretaría Anticorrupción, ayuda “a que todo lo normativo, pues está bien, que no falte ninguna hoja, que no haya ningún problema, que se haya seguido toda la reglamentación” y en caso de existir alguna observación, ésta se presenta.
“La institución encargada, aunque haya cambiado el titular, tiene la obligación de responder. Es decir, son observaciones institucionales, no a la persona. Ya cuando son sanciones, pues son sanciones a la persona”.
En el reportaje publicado por Proceso, en la edición de julio, los excolaboradores Muna Dora Buchahin, Gerardo Lozano Dubernard y Agustín Caso Raphael califican la gestión de Colmenares como un auditor “a modo”, “quien negocia con las diversas fuerzas políticas para quedar bien parado, en detrimento de la calidad de la revisión del gasto público y del uso de los recursos federales”.
La presidenta Sheinbaum Pardo respondió: “Habría que ver qué pruebas hay más allá del dicho de una persona (de tres exfuncionarios en este caso). Pues sí, pero más allá del dicho, pues habría que ver las pruebas, ¿no?”.
