No es una clase de matemáticas, pero lo parece. El Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió en escenario de una disputa numérica y ética tras declarar inelegibles a 37 aspirantes que ganaron una magistratura federal en la elección judicial del 1 de junio. ¿La razón? No cumplir con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura de Derecho o el 9 en materias de la especialidad, requisitos explícitos en la Constitución tras la reforma judicial.
La intención era clara: cerrar el proceso con la entrega de constancias de mayoría. Pero los cálculos no cuadraron. En una sesión que inició como “mero trámite”, el Consejo General del INE terminó sumido en recesos, tablas de Excel y argumentos que bien pudieron salir de una reunión de fin de semestre. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, decretó recesos de horas para revisar casos donde los promedios rondaban el 7.9, en un intento —fallido— de justificar su redondeo.
Las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala, junto al consejero Uuc-kib Espadas, frenaron ese intento de maquillar promedios. Espadas lo dijo sin rodeos: “Esto no es una negociación con el profe”. El mensaje era contundente: los números, como la ley, no se redondean por conveniencia.
El caso no es menor. Entre los nombres eliminados están Joel Iscac Rangel Agüeros, Guadalupe López Arvizu y Eduardo Torres Carrillo, quienes no llegaron al ansiado 8. Otros 34 fueron descalificados por no alcanzar el 9 en su especialidad. Como cereza del pastel, dos aspirantes —Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz y Genaro Antonio Valerio Pinillos— enfrentan denuncias por acoso sexual y violencia, lo que debería impedir su elegibilidad bajo el principio de “8 de 8” en materia de género.
Y si la numeralia no era suficiente, la paridad también entró en juego. Consejeras como Zavala y Dania Ravel advirtieron que hubo magistraturas donde sólo participaron hombres, incumpliendo el principio de alternancia. Sin embargo, sus propuestas para declarar vacantes esos espacios no prosperaron.
Pese a que algunos consejeros defendieron el trabajo del INE, la sesión reveló inconsistencias en la evaluación de los expedientes, omisiones en la revisión del promedio de especialidad y una Dirección Jurídica que, según Humphrey, no entregó una metodología clara.
Mientras tanto, el INE avanza con la validación de otros cargos judiciales (como la elección a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral), pero los tribunales colegiados y juzgados de distrito siguen en suspenso. La entrega de constancias a los nuevos magistrados y jueces se pospone hasta que alguien encuentre la fórmula que sume legalidad, paridad y cero violencia… sin redondear.
