La investigación por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se ha convertido en un asunto de alta sensibilidad para las autoridades. A tres semanas del doble homicidio, las líneas de investigación se expanden a cuatro estados del país, mientras que el discurso oficial se mantiene hermético.
Desde el primer momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Seguridad federal, la FGR y otras instancias del gabinete de seguridad, optó por no divulgar avances ni hipótesis. “Cuando son investigaciones delicadas preferimos guardar la información y continuar trabajando”, justificó el secretario Omar García Harfuch.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta postura y aseguró que solo se informará cuando existan resultados concretos, una decisión consensuada para “cuidar la investigación”. No obstante, el secretismo ha generado inquietudes sobre la transparencia en un caso que involucra a funcionarios públicos asesinados en un punto céntrico de la ciudad, sin detenidos hasta el momento.
Las indagatorias, sin embargo, no están paralizadas. De acuerdo con información obtenida y publicada por La Jornada, las pesquisas se han extendido a Guerrero, Estado de México, Querétaro y Morelos, con el rastreo de personas presuntamente implicadas. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que ya se identificó a algunos posibles responsables, aunque no se ha especificado si pertenecen a alguna organización criminal.
Uno de los focos está en el conductor de la motocicleta usada para vigilar a las víctimas, quien estaría siendo rastreado en el Estado de México. La unidad portaba placas sobrepuestas –84TWP3– registradas a nombre de un individuo identificado como Carlos Jesús N., lo que apunta a una planeación con participación indirecta de otros actores.
Además, se investiga a personas que facilitaron el uso de placas apócrifas o contribuyeron a la logística del ataque, lo que sugiere una red más amplia que va más allá de los ejecutores materiales.
El caso Ximena y Muñoz revela no solo un hecho violento de alto perfil, sino también el modelo institucional con el que se maneja la información sensible: concentración, discreción y una apuesta por la efectividad por encima de la apertura. El reto para las autoridades será demostrar que este silencio no encubre ineficiencias, sino que protege una investigación que, por ahora, sigue sin rostro público.
