A casi once años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el nombre de José Luis Abarca —exalcalde de Iguala, Guerrero— vuelve a ocupar titulares, no por su condena en el caso, sino por su absolución. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, confirmó su exoneración del delito de secuestro agravado en relación con la desaparición de los estudiantes, cerrando de forma definitiva una de las rutas legales por las que las familias de las víctimas buscaban justicia.
El fallo fue resultado de la negativa a un amparo promovido por los padres de los 43, representados legalmente por el Centro Prodh. El recurso intentaba revertir la sentencia absolutoria emitida en 2019 por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas y ratificada en 2023 por el Tribunal Colegiado de Apelación. Sin embargo, el Tribunal resolvió que las víctimas indirectas no tienen calidad legal para impugnar en este tipo de procesos, al no haber formado parte del juicio en ninguna de sus etapas.
La exoneración también alcanzó al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y a otras 18 personas procesadas en la causa penal 66/2015. Los cargos desestimados incluían delincuencia organizada en su modalidad de secuestro y delitos contra la salud.
A pesar de este revés judicial para los familiares de los normalistas, Abarca no quedará en libertad. Continúa purgando una condena de 20 años de prisión por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, su exsíndico municipal. Además, enfrenta otras causas penales por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Según diversas investigaciones y declaraciones, se le vincula con la organización criminal Guerreros Unidos, señalada como participante clave en la desaparición de los estudiantes.
Incluso, en mayo de 2023, Abarca fue sentenciado a 92 años de cárcel por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular (UP), entre ellos el activista Arturo Hernández Cardona. También fue acusado de haber adquirido propiedades con recursos ilícitos por más de 8 millones de pesos.
El 30 de abril de 2025, Abarca fue trasladado del penal del Altiplano al Cefereso número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de una reubicación penitenciaria. Desde su detención en octubre de 2014 —en compañía de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa— ha estado bajo custodia federal.
Con esta resolución, el capítulo judicial relacionado con su presunta participación directa en la desaparición de los normalistas queda cerrado. Sin embargo, para las familias, la justicia sigue pendiente. La absolución, aunque legalmente firme, no resuelve las preguntas clave sobre la cadena de mando, las responsabilidades institucionales y los vacíos estructurales que hicieron posible la noche de Iguala.
Como ha ocurrido en otros casos emblemáticos en México, la justicia parece navegar entre las limitaciones del debido proceso, los errores estructurales de la investigación y la falta de voluntad política. Mientras tanto, los padres de los 43 continúan con su exigencia de verdad, ahora sin una de las vías jurídicas más importantes que tenían a su alcance.
