La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó no replicar en otros países el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados, tras identificar serias deficiencias en su aplicación. Según su informe preliminar, este mecanismo podría debilitar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, en lugar de fortalecerlo.
Aunque la OEA reconoció que la jornada electoral se desarrolló de forma pacífica, mostró preocupación por la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 13% del padrón. Este nivel de involucramiento, uno de los más bajos en la región, evidenció la falta de condiciones adecuadas de accesibilidad en muchas casillas, además de un posible desinterés o desconocimiento por parte del electorado.
El organismo también cuestionó el contexto político en el que se llevó a cabo la elección, marcado por una fuerte polarización y una organización con tiempos muy limitados. Esto, advirtió la MOE, afectó el desarrollo de un proceso que debería haber contado con mayor preparación y consenso institucional.
Uno de los puntos más sensibles del informe fue la composición actual de la Suprema Corte: seis de sus nueve ministros fueron propuestos por el Ejecutivo federal, mientras los otros tres fueron designados por la administración anterior. Este hecho, subrayó la OEA, siembra dudas sobre la autonomía del máximo tribunal del país.
La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. A través de una nota diplomática, la Cancillería rechazó de forma categórica las observaciones de la OEA. Afirmó que el informe vulnera el derecho soberano de los Estados miembro a decidir cómo organizar su sistema judicial, y consideró que la misión se excedió en sus atribuciones al emitir juicios de valor sobre un modelo legalmente adoptado por México.
México sostuvo que la MOE carece de facultades para imponer criterios sobre cómo debe estructurarse el Poder Judicial en cada país. En su comunicado, la Cancillería enfatizó que el modelo implementado busca ampliar la participación ciudadana en decisiones fundamentales, y reiteró su compromiso con la soberanía y autodeterminación del Estado mexicano
