El reciente bombardeo a instalaciones nucleares en Irán ordenado por el presidente Donald Trump desató una tormenta política en Estados Unidos, no solo por la magnitud del ataque, sino por haberse ejecutado sin aprobación del Congreso. La acción militar encendió alarmas entre los demócratas, legisladores republicanos críticos y defensores del equilibrio institucional, quienes señalaron una posible violación directa de la Constitución.
Desde 1973, la Resolución de Poderes de Guerra establece que el presidente debe consultar al Congreso antes de iniciar hostilidades prolongadas. Pero este marco legal, diseñado para evitar otro Vietnam, ha sido históricamente frágil ante el veto presidencial. En esta ocasión, figuras clave del Partido Demócrata han acusado a Trump de ignorar completamente esa obligación constitucional.
Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, calificó la ofensiva como un acto unilateral “errático y sin estrategia”, mientras que Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, denunció que el presidente “engañó al país acerca de sus intenciones”. Ambos exigieron explicaciones inmediatas y completas al Ejecutivo, alertando del riesgo de un conflicto “más amplio y devastador”.
La tensión creció aún más cuando se supo que el bombardeo afectó instalaciones clave como Fordo, Natanz e Isfahán, y que, según la Comisión de Servicios Armados del Senado, no hubo ningún informe previo al Congreso. El ataque puso en mayor peligro a las tropas estadounidenses destacadas en Medio Oriente, estimadas en 40 mil efectivos, además de exponer a diplomáticos y civiles, según señalaron en un comunicado conjunto los demócratas de dicha comisión.
Desde el ala progresista del Partido Demócrata, la reacción fue aún más contundente. Rashida Tlaib no dudó en vincular la operación con la desinformación previa a la invasión de Irak, acusando a Trump de escuchar más a Benjamin Netanyahu, a quien llamó “criminal de guerra”, que a su propio pueblo. Alexandria Ocasio-Cortez, por su parte, argumentó que el hecho constituye una “grave violación” de los poderes de guerra del Congreso y un motivo claro para iniciar un nuevo juicio político (impeachment).
No solo los demócratas alzaron la voz. Thomas Massie, congresista republicano, se unió al demócrata Ro Khanna para proponer una resolución que limite cualquier acción militar sin autorización explícita. En respuesta, Trump arremetió contra Massie con un tono personal y despectivo desde su red Truth Social, llamándolo “grandilocuente de ideas simples” y acusándolo de “hacerle el juego a Irán”. Para el expresidente, el ataque fue un “éxito espectacular” y una forma de impedir que Irán use una supuesta bomba que “habrían usado si hubieran podido”.
Este enfrentamiento interno refleja el quiebre entre el núcleo MAGA del Partido Republicano y sus voces más institucionalistas. Trump ha hecho de la política exterior un campo para reafirmar su narrativa de fortaleza y unilateralismo, pero este episodio vuelve a tensionar las fibras legales del sistema estadounidense: ¿quién decide cuándo y cómo se va a la guerra?
Lejos de ser una simple escaramuza partidista, lo ocurrido reaviva un viejo debate que la Constitución nunca terminó de zanjar del todo. El Congreso busca reafirmar su papel, pero Trump —una vez más— parece dispuesto a redefinir los límites del poder presidencial a golpe de misil.
