En un país donde la puntualidad institucional ya es una leyenda urbana, Lenia Batres ha decidido que lo suyo no es la constancia en el trabajo, sino la resistencia pasiva desde el calendario. La autoproclamada “ministra del pueblo” volvió a dejar sin quórum a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impidiendo una votación crucial sobre un tema fiscal de más de 4,400 millones de pesos. Un pequeño detalle: también lo había hecho antes. Varias veces.
La sesión del 18 de junio fue cancelada porque Batres no asistió. Según explicó en sus redes sociales, su ausencia fue un acto de protesta: se negaba a permitir que se resolviera en sesión privada un caso que, a su juicio, tenía implicaciones millonarias para el erario público. El expediente en cuestión —el recurso de reclamación 158/2025— proponía desechar un amparo solicitado por Pegaso PCS S.A. de C.V. (nombre legal de Movistar) bajo el argumento de que no contenía temas de constitucionalidad. Batres argumentó que sí los tenía: “el artículo 31 de la Constitución obliga a contribuir a los gastos públicos”, escribió, como si ese recordatorio bastara para convocar una sesión pública y salvar las arcas nacionales.
Para la ministra, el fondo del asunto es que Pegaso quiere deducir gastos fiscales derivados de una fusión empresarial en 2014. Aunque la firma dice haber perdido ingresos tras dicha fusión, también mantuvo la concesión que generaba esos mismos ingresos. En palabras de Batres, el proyecto del ministro ponente Javier Laynez simplemente decide no entrar al fondo, y eso es —para ella— inaceptable.
Lo que no deja de llamar la atención es el método con el que Batres protesta: no aparece. Su estrategia consiste en no asistir a las sesiones y, con ello, impedir que sus colegas —Laynez, Esquivel y Pérez Dayán— voten. Esta es al menos la cuarta vez que lo hace en los últimos meses: el 12 de marzo, el 27 de ese mismo mes, el 9 de abril y ahora el 18 de junio. En cada ocasión, sus ausencias han tenido un efecto inmediato: la suspensión de sesiones con decenas de asuntos sin resolver. El récord lo tiene la del 9 de abril: 21 asuntos quedaron en pausa.
La ironía es evidente. Una ministra que critica la opacidad del sistema judicial, pero elige la inacción como forma de protesta. Como si un médico se negara a atender a sus pacientes para exigir mejores condiciones hospitalarias… pero sin avisar. Y aún más preocupante: lo hace mientras fue electa, por voto popular, para continuar en el cargo.
Sí, Batres acaba de ser ratificada en su puesto tras la reciente elección judicial, y en lugar de reincorporarse con brío institucional, anunció una gira de agradecimiento al pueblo. Es decir, podría seguir acumulando faltas sin que nadie pare el contador. Todo esto mientras la Segunda Sala sigue acumulando asuntos sin resolver, y el Pleno —donde propone llevar estos temas— apenas puede operar con agenda propia.
En su defensa, Batres sostiene que lo suyo es una lucha por la transparencia fiscal. Lo problemático es que no presenta alternativas reales para garantizarla dentro del marco institucional. Proponer que todo se discuta en el Pleno suena bien, hasta que se recuerda que la agenda del Pleno está saturada, que los plazos legales importan y que boicotear sesiones no construye mecanismos nuevos, solo los sabotea.
Y así, en la SCJN se impone una lógica kafkiana: una ministra electa para garantizar el funcionamiento de la justicia impide que se lleve a cabo; lo hace en nombre del pueblo, pero sin consultarlo; lo repite tantas veces que ya parece política institucional. Su crítica puede ser válida, pero su método es el equivalente jurídico de apagar la luz del cuarto para evitar discutir con la familia.
