En la trama de los operadores políticos de la 4T, hay personajes que no necesitan reflectores porque operan mejor desde la sombra. Uno de ellos es Luis Humberto Montaño, empresario con una habilidad extraordinaria para estar en dos lados del mostrador: firmando contratos millonarios con el gobierno y firmando oficios como funcionario público del Senado. Un malabarismo ético que, en México, más que escándalo, parece requisito curricular.
Desde septiembre de 2023, Montaño ocupa el cargo de coordinador de asesores del Instituto Belisario Domínguez, nombrado directamente por su amigo y jefe político Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena. Pero lo interesante no es el cargo, sino lo que no aparece en su declaración patrimonial: su participación en Lumo Financiera del Centro y Lease and Fleet Solutions, dos empresas que —como documentó una investigación de Latinus— han sido beneficiadas con más de ocho mil millones de pesos en contratos públicos durante los últimos seis años, todos firmados bajo administraciones morenistas.
Y la historia no se detiene en el pasado. Ya con cargo en el Senado, en diciembre de 2024 Lumo Financiera recibió un contrato de 13 millones de pesos del ISSSTE para renta de ambulancias. El servicio comenzó el 1 de enero y sigue vigente hasta el 30 de junio de 2025. Una coincidencia tan precisa como conveniente.
La omisión de sus vínculos empresariales en su declaración patrimonial contrasta con lo detallado que fue para reportar 14 propiedades adquiridas entre 2019 y 2024, de las cuales 13 fueron pagadas de contado, sumando un valor aproximado de 92 millones de pesos. Porque, al parecer, cuando se trata de bienes raíces, Montaño sí cree en la transparencia… o al menos en la escritura pública.
Más allá de sus habilidades inmobiliarias, su red empresarial continúa operando sin freno. En 2024, Lumo cerró tratos con la Secretaría de Gobernación, el IMSS, la CFE y la Lotería Nacional, acumulando 322 millones de pesos en contratos. Mientras tanto, Lease and Fleet Solutions —también de su propiedad— obtuvo un contrato de 8 millones de pesos con el gobierno de Tabasco, entidad que fue gobernada por Adán Augusto hasta 2021. Sí, Tabasco, tierra fértil en contratos y amistades.
En este universo donde el “conflicto de interés” parece una expresión en desuso, el Instituto Belisario Domínguez —el órgano encargado de la investigación técnica y legislativa del Senado— guarda silencio sobre las tareas específicas que dirige Montaño. Tampoco hay constancia de que haya pedido licencia en sus empresas, ni de que su nombramiento haya pasado por algún filtro administrativo.
¿Y la ley? Bueno, según el marco legal, los funcionarios deben declarar sus intereses económicos, y la omisión de información relevante puede derivar en sanciones. Pero hasta el momento, nadie en el Senado ha levantado la ceja, mucho menos una denuncia.
Todo indica que, en la política mexicana, tener amigos poderosos no solo abre puertas: también garantiza contratos, cargos públicos y un radar institucional deliberadamente descompuesto. Mientras tanto, el Instituto que lleva el nombre de Belisario Domínguez —médico, político y mártir de la libertad de expresión— sirve de plataforma para una figura que prefiere callar lo importante y reportar lo inmobiliario.
