En la comunidad de El Guamúchil, municipio de Xichú, Guanajuato, un video que muestra a gatos aterrorizados con cohetes amarrados a la cola durante las festividades patronales desató una ola de indignación en redes sociales, medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Lo que para algunos asistentes fue un espectáculo de feria, para otros representó una escena de crueldad disfrazada de tradición.
Las imágenes —grabadas en un ruedo tras un evento de rodeo— muestran a los felinos huyendo despavoridos mientras los explosivos detonan detrás de ellos, entre risas y gritos de los asistentes. Aunque no se ha confirmado la muerte de los animales, veterinarios han advertido sobre las graves consecuencias físicas y psicológicas que pueden sufrir los gatos sometidos a ese nivel de estrés.
La gobernadora del estado, Libia García Muñoz Ledo, aseguró que “no se va a tolerar ningún tipo de maltrato contra los seres sintientes” y anunció una carpeta de investigación (número 65068/2025), junto con la preparación de reformas para endurecer las sanciones. El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reiteró que el caso se atenderá con puntual seguimiento y coordinación con la Fiscalía estatal.
El caso no es aislado. En otras comunidades del estado —como Misión de Santa Rosa— se han documentado episodios sistemáticos de violencia contra animales, desde envenenamientos hasta ataques con objetos punzocortantes. A nivel estatal, el Código Penal contempla hasta dos años de prisión por causar la muerte de un animal vertebrado, y penas mayores si hay sufrimiento grave. No obstante, en casi una década de vigencia de la Ley de Protección Animal, apenas se han dictado dos sentencias.
La Sierra Gorda, zona protegida como Reserva de la Biósfera por su biodiversidad, ahora es escenario de una práctica que vulnera esa misma riqueza biológica. Y aunque la charrería fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, la justificación de estos actos bajo el paraguas de lo “tradicional” ha sido duramente cuestionada.
Defensores de animales y activistas exigen no solo castigo, sino un cambio profundo en la cultura de tolerancia hacia estas formas de violencia. A través de protestas y campañas digitales, han hecho un llamado urgente a las autoridades municipales, incluyendo al presidente local Francisco Orozco Martínez, para que rompan el silencio y asuman responsabilidad. En paralelo, se impulsa una revisión crítica de festividades que encubren el maltrato como parte del folclore comunitario.
El caso de Xichú es una llamada de atención: no todas las tradiciones merecen ser preservadas, especialmente cuando su costo lo pagan quienes no tienen voz.
