Hablando de discapacidad con Ricky Martínez
Modelos de discapacidad: entre el rezago conservador y la urgencia de una visión de derechos en Aguascalientes
La forma en que entendemos y abordamos la discapacidad no es neutra: tiene consecuencias concretas, delimita derechos y moldea políticas públicas. En Aguascalientes -como en gran parte del país- seguimos atrapados entre modelos anticuados y enfoques funcionalistas que, lejos de empoderar, perpetúan estigmas, dependencias y paternalismos. El resultado es una sociedad que habla de inclusión pero que la ejecuta “como Dios le da a entender”.
Durante décadas, la discapacidad ha sido interpretada bajo un lente médico-rehabilitatorio: un enfoque que, si bien surgió con buenas intenciones, reduce la experiencia humana a una deficiencia individual que debe corregirse o “normalizarse”. Este modelo, dominante a partir de mediados del siglo XX, dictaba que las personas ciegas debían recuperar algo de visión, las personas amputadas debían caminar con una prótesis, y las personas sordas debían escuchar con aparatos. La meta era “arreglar” el cuerpo para hacerlo funcional según la norma.
Este paradigma fue reforzado por la medicina, por instituciones de asistencia social y por una visión profundamente capacitista: la idea de que solo tiene valor quien se ajusta al modelo de la persona productiva y “normal”. Y si no se puede corregir el cuerpo, entonces al menos que sea útil, espectacular, inspirador. Es así como surgió el fenómeno del “inspiracionalismo” o “supercrip”, donde la persona con discapacidad es valorada únicamente si logra hazañas extraordinarias, como si fuera un “mono de circo”. Esto no es inclusión; es otra forma de exclusión disfrazada de aplauso.
En Aguascalientes, esta lógica se reproduce a diario. Y no solo desde las instituciones públicas. También desde muchos sectores de la sociedad civil, donde se entrecruzan intereses legítimos con prácticas oportunistas. Existe un asistencialismo necesario -sí-
para cubrir brechas de desigualdad, pero también existe el asistencialismo cómodo, el que se convierte en el modelo predilecto de quienes lucran con la discapacidad, ya sea desde la calle o desde la oficina.
Hay quienes convierten su discapacidad en una herramienta para la limosna pública, y otros -quizá más peligrosos- la convierten en una plataforma política o activista para obtener privilegios, sin cuestionar ni transformar estructuras de fondo. Activismo sin autocrítica, basado en la victimización perpetua, que muchas veces encarna rasgos de narcisismo e incluso corrupción simbólica: se usa el discurso de derechos para obtener favores, no para construir equidad. Es tiempo de nombrarlo.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) revela que más del 50% de las personas con discapacidad en México consideran que sus derechos no son respetados y que la principal forma de exclusión que enfrentan es la falta de oportunidades laborales y educativas. Mientras tanto, el Censo 2020 del INEGI reporta que en Aguascalientes existen más de 65,000 personas con discapacidad, es decir, cerca del 5% de la población estatal. De ellas, solo 3 de cada 10 están activas económicamente, lo cual evidencia un sistema que no genera condiciones de participación plena.
Estos datos confirman lo que desde la experiencia personal vivimos: una ciudad donde la accesibilidad se limita a rampas mal hechas, donde los programas de inclusión son más discursos que realidades, y donde las instituciones públicas siguen trabajando desde una lógica caritativa o decorativa. Los derechos no se mendigan, se garantizan.
Frente a esto, es urgente abrazar otro enfoque: el modelo social de la discapacidad, reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), tratado firmado y ratificado por México en 2007. Este paradigma reconoce que las barreras no están en el cuerpo de las personas, sino en las estructuras sociales que no contemplan la diversidad. El problema no es no ver, no caminar o no oír; el problema es que las calles, las escuelas, los trabajos y las actitudes están diseñadas para quienes sí lo hacen.
Desde esta lógica, la discapacidad no es un problema individual, sino un asunto colectivo de derechos humanos. Implica reconocer la diversidad funcional como una expresión legítima de la condición humana. Implica que la persona con discapacidad no debe “superar” su condición, sino que la sociedad debe adaptarse para garantizarle dignidad, autonomía y participación.
Aguascalientes necesita con urgencia transitar hacia este enfoque. No basta con declarar que se es un “estado incluyente” si en la práctica se siguen asignando presupuestos irrisorios a programas para personas con discapacidad, si se sigue priorizando el espectáculo por encima de la transformación, si se sigue aplaudiendo la lástima disfrazada de ayuda.
Necesitamos políticas públicas que sean transversales: que integren la discapacidad no como una excepción, sino como una variable en cada decisión, desde el transporte hasta la cultura, desde la vivienda hasta el empleo. Necesitamos organismos autónomos que vigilen y evalúen la accesibilidad universal. Necesitamos que las personas con discapacidad estén representadas no solo en los escenarios conmemorativos del 3 de diciembre, sino en las mesas donde se toman decisiones todo el año.
Pero sobre todo, necesitamos una revolución cultural. Una que cuestione el capacitismo cotidiano, que revalore la diversidad como riqueza social, y que nos enseñe a mirar -sin condescendencias ni aplausos vacíos- a la persona antes que a su condición. Esa será la apuesta de esta columna en adelante: abrir conversación, señalar estructuras, incomodar cuando haga falta, y construir puentes donde hoy hay muros.
La inclusión real no es un evento, es un proceso colectivo. Y Aguascalientes, si quiere avanzar hacia un futuro más justo, debe dejar de simular. Ya no basta con decir las palabras correctas. Es tiempo de hacer lo correcto.
