En plena reconfiguración del Poder Judicial, el recién electo Tribunal de Disciplina Judicial —órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal a partir de septiembre— ha quedado en manos de cinco figuras ligadas al oficialismo. Con una participación ciudadana de apenas el 12.2%, y entre denuncias por falta de información, limitación de campañas y uso masivo de “acordeones” partidistas, la elección confirmó que Morena no solo diseñó las reglas del juego, sino que también colocó a sus fichas clave en el tablero.
Los cinco perfiles electos —Celia Maya, Verónica de Gyves, Bernardo Bátiz, Rufino León Tovar e Indira Isabel García— coinciden con los nombres promovidos en los instructivos distribuidos por Morena entre votantes, en una jornada marcada por la improvisación, el tecnicismo y la desinformación. Tres de ellos ya integraban el Consejo de la Judicatura y todos, salvo García, tienen una trayectoria directa en la órbita de Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación.
De consejeros a vigilantes: los nuevos rostros del control judicial
Encabezando la votación se encuentra Celia Maya, quien acumula una carrera judicial y política estrechamente vinculada a López Obrador: ha sido candidata de Morena en Querétaro, propuesta para la Suprema Corte en 2018 y designada en 2023 como consejera del CJF. Ahora, con más de cinco millones de votos, presidirá el nuevo Tribunal de Disciplina.
La acompañan Verónica de Gyves, también exconsejera judicial y propuesta por AMLO en 2021 para la SCJN, así como Bernardo Bátiz, exprocurador capitalino y figura fundacional del PRD. Ambos entraron a la contienda gracias al controvertido “pase directo” desde el Consejo de la Judicatura, un mecanismo no previsto en la ley y que fue reconocido públicamente por el senador Gerardo Fernández Noroña.
Rufino León Tovar, designado en 2018 por el propio AMLO como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, también obtuvo un lugar. Su historial incluye cargos clave en la administración capitalina durante los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard.
Cierra el grupo Indira García, única integrante sin vínculos públicos claros con la 4T. Exauditora superior de Colima y directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, García centró su propuesta en la lucha anticorrupción y la simplificación procesal.
¿Un nuevo contrapeso o una extensión del Ejecutivo?
El Tribunal de Disciplina será responsable de investigar y sancionar a jueces y magistrados por faltas administrativas o penales. Pero su origen y conformación han levantado alertas sobre su independencia: de los cinco electos, cuatro tienen nexos probados con López Obrador, según análisis de El Universal y El País.
Además, tres de los ganadores llegaron por canales irregulares. Bátiz y De Gyves no se postularon formalmente para el cargo y aun así aparecieron en las boletas. El INE reveló que otros consejeros —incluso quienes habían declinado o eran críticos de la reforma judicial— también fueron incluidos en listas sin su consentimiento. La consejera Lilia Mónica López expresó en redes: “Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado”.
Estos hechos dejan ver que la tómbola electoral, supuestamente diseñada para dar igualdad de condiciones, terminó beneficiando a quienes ya estaban en posición de poder. En palabras llanas: lo aleatorio fue predecible.
Acordeones, abstención y opacidad
La elección se dio bajo reglas poco comunes: sin campañas, sin financiamiento, con cientos de candidaturas técnicas desconocidas para la mayoría del electorado. Esto permitió que Morena, único partido que respaldó la reforma judicial, llenara el vacío con “acordeones” que orientaban el voto. Según El País, el 70% de los ciudadanos no conocía a los candidatos a días de la elección. El INE trató de frenar la distribución de estas guías… pero ya era tarde.
El resultado: un cuerpo judicial vigilante conformado en gran medida por figuras afines al oficialismo, que no enfrentaron competencia real ni transparencia plena. Y aunque la Constitución señala que el Tribunal debe operar con imparcialidad y celeridad, su nacimiento está marcado por la opacidad, el favoritismo institucional y un proceso electoral diseñado para reproducir —más que para fiscalizar— el poder.
