Durante el periodo extraordinario del Congreso, Morena y sus aliados (PT y PVEM) avanzaron en una reforma que busca ponerle un “candado” a los retiros por desempleo de las cuentas individuales del sistema de Afores. Aunque el dictamen ya fue aprobado en comisiones, su discusión en el pleno será el siguiente paso para consolidar esta medida que ha generado reacciones encontradas entre oficialismo y oposición.
La propuesta, impulsada por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, plantea modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social con el argumento de prevenir fraudes y proteger el ahorro de los trabajadores. El objetivo declarado: evitar que gestores o despachos externos incurran en prácticas ilegales como dar de alta a personas en empresas fantasma con salarios inflados para maximizar los retiros, a cambio de comisiones que pueden superar los 10 mil pesos por trámite.
Según datos de la CONSAR, solo en mayo de 2025 se retiraron más de 3 mil 178 millones de pesos por concepto de desempleo, el monto más alto registrado en un mes de mayo. Ante esta cifra, el oficialismo argumenta que el sistema necesita mecanismos de control para frenar el abuso y proteger las semanas cotizadas de los trabajadores, ya que los retiros disminuyen no solo el ahorro acumulado, sino también el historial laboral que define el acceso a pensiones.
La reforma contempla que el retiro se calcule con base en el promedio del salario base de cotización de las últimas 150 semanas o el 11.5% del saldo de la subcuenta, lo que limitaría la posibilidad de inflar los montos con estrategias engañosas. Morena asegura que esto garantizará retiros más “justos y sostenibles” y que eliminará la participación de gestores externos que lucran con la necesidad ajena.
Sin embargo, desde la oposición, el líder priista Rubén Moreira denunció que esta medida representa en los hechos una prohibición disfrazada. Afirmó que el gobierno busca apropiarse de los recursos de las Afores ante la crisis fiscal, impidiendo que los trabajadores accedan a su dinero en momentos críticos como el desempleo. “Lo que quieren es que el gobierno se quede con ese dinero”, declaró Moreira, aludiendo a una posible intención de centralizar recursos.
Aunque Morena insiste en que el derecho al retiro no se elimina, sino que se regula, lo cierto es que las condiciones para acceder a esos fondos se endurecen, y esto podría limitar a quienes genuinamente necesitan su ahorro en una etapa vulnerable. También es evidente que, aunque se busca frenar prácticas fraudulentas, se corre el riesgo de afectar a todos los trabajadores por igual, sin diferenciar entre quienes abusan del sistema y quienes actúan legítimamente.
Así, la reforma se encuentra en una zona gris: entre proteger el patrimonio del trabajador a largo plazo o restringir su acceso en el corto. La promesa es cuidar las pensiones, pero el costo inmediato podría ser dejar sin alivio económico a miles que hoy no tienen ingreso fijo. La discusión, lejos de ser técnica, pone en juego una pregunta de fondo: ¿de quién es realmente el dinero del Afore?
