- Se abrirían oportunidades para dar continuidad a proyectos de infraestructura, pero requiere controles para evitar cargas fiscales futuras.
- Existe preocupación por la posible exclusión de MIPyMES locales en los esquemas de financiamiento, lo que podría favorecer monopolios.
Se propone incluir a la sociedad civil, empresarios y especialistas en la evaluación de proyectos para garantizar transparencia y pertinencia.
La reciente aprobación de reformas en el Congreso del Estado, que permitirán formalizar la figura de obra pública financiada en Aguascalientes, representa una oportunidad para garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura. No obstante, también plantea riesgos que deben ser atendidos con responsabilidad, advirtió Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas.
Durante su intervención, Viramontes explicó que actualmente los gobiernos estatales y municipales recurren a esquemas de financiamiento informales para desarrollar obra pública, lo que ha derivado en proyectos inconclusos, elefantes blancos y falta de continuidad entre administraciones.
“Les ponía el ejemplo del hospital Miguel Hidalgo: ¿cuántos sexenios tardó en construirse? Ni siquiera había un acuerdo formal de cuánto tenía que aportar cada gobierno. También está el hospital de Pabellón de Arteaga, que no se ha terminado por falta de contratos claros de financiamiento”, expuso.
La obra pública financiada bajo modalidad privada —es decir, financiada por instituciones privadas y pagada en plazos definidos, incluso por gobiernos subsecuentes— puede contribuir a resolver ese tipo de problemas. Sin embargo, Viramontes advirtió que esta modalidad también impone restricciones a futuras administraciones, ya que compromete parte de sus presupuestos.
“Por un lado está el beneficio de asegurar que un proyecto útil para la población se termine, sin importar el cambio de gobierno. Pero también estás limitando la capacidad de esos gobiernos de ejecutar su propia infraestructura. Y si son proyectos de muy largo plazo, pueden sufrir desgaste o quedar obsoletos”, señaló.
Para evitar que estas reformas se traduzcan en una carga financiera mal planeada, la economista subrayó la necesidad de establecer controles claros. “Se deben fijar plazos, montos máximos, esquemas de transición entre administraciones y criterios sobre qué tipo de proyectos se pueden financiar así”, puntualizó.
“Es como un crédito familiar. No es lo mismo pedir un préstamo para comprar una casa que para irse de fiesta el fin de semana. Hay que revisar qué proyectos se están financiando y si realmente generan beneficios económicos, sociales o ambientales”, ejemplificó.
En ese sentido, consideró acertada la inversión en obras como el distribuidor vial del Tercer Anillo, por su potencial impacto positivo. Sin embargo, también advirtió sobre proyectos menos definidos, como la reparación de ciertas calles o avenidas, cuya utilidad debe analizarse con mayor profundidad.
Otro punto crítico es la posibilidad de que únicamente grandes empresas puedan participar en estos esquemas de financiamiento, lo que dejaría fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas locales. “Son contadas las empresas en Aguascalientes que pueden financiar al 100 % un proyecto de largo plazo. Muchas MIPyMES no tienen siquiera la capacidad de financiar un mes de obra. ¿Cómo las vamos a incluir? Si no se contempla eso, corremos el riesgo de generar monopolios”, alertó.
Finalmente, la dirigente cuestionó que la planeación y autorización de estos proyectos quede exclusivamente en manos de órganos gubernamentales dependientes de la SEPLADE (Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo). Propuso que se incluya a la sociedad civil, académicos, ambientalistas y empresarios en la evaluación de los proyectos. “Sí es una ventana de oportunidad, pero hay que hacer las cosas bien. Que estos proyectos nos beneficien a todos y no seamos generaciones que terminemos pagando decisiones mal tomadas”, enfatizó.
Dado que las reformas aprobadas son solo modificaciones a la Ley de Obras Públicas, Viramontes destacó que aún queda mucho trabajo legislativo por delante. “Se necesita una legislación secundaria que cierre las brechas pendientes: cómo se integran las MIPyMES, cuáles son los plazos, tasas, montos permitidos, cómo se involucra a la sociedad en la selección de proyectos. El esquema puede ser muy bueno, si se usa de forma adecuada”, concluyó.
