A cuatro décadas del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, el caso contra Rafael Caro Quintero vuelve a ocupar los reflectores judiciales de Estados Unidos con una posibilidad que no se ha descartado: la pena de muerte. La fiscalía federal en Brooklyn confirmó que ese castigo sigue “sobre la mesa”, mientras se prepara el juicio contra uno de los rostros históricos del narcotráfico mexicano.
Durante la audiencia más reciente ante el juez Frederick Block, celebrada el 25 de junio, la fiscal Saritha Komatireddy detalló que aún se revisan expedientes, grabaciones y documentos ligados al caso, muchos de ellos considerados “sensibles”. Las pruebas que podrían ser presentadas incluyen grabaciones inéditas del interrogatorio y tortura a Camarena en 1985, cuya transcripción ha circulado en otros juicios, pero cuyo contenido completo sigue sin ser público.
Uno de los testimonios clave en torno a estas grabaciones es el del exagente de la DEA Héctor Berrellez, quien ha afirmado en entrevistas con Proceso que en uno de los audios se escucha la voz de Félix Rodríguez, exoperador de la CIA involucrado en operaciones encubiertas en América Latina. La presencia de agentes estadounidenses en el interrogatorio al agente asesinado ha sido motivo de especulación y controversia durante décadas.
Caro Quintero, conocido como el “capo de capos”, enfrenta múltiples cargos: asesinato, conspiración para distribuir drogas, uso de armas de fuego y dirección de una empresa criminal. Según Milenio y Infobae, fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto a otros 28 líderes criminales, luego de permanecer 20 meses en un penal del Estado de México tras su recaptura en 2022. Hasta entonces, figuraba entre los narcos más buscados por EEUU, con una recompensa de cinco millones de dólares.
La defensa, encabezada por Elizabeth Macedonio, insiste en que es prematuro hablar de sentencia y ha anunciado que presentará un “paquete de elementos de mitigación”, lo que podría influir en una eventual decisión sobre la pena capital. A la audiencia también asistió Ismael Quintero Arellano, sobrino de Caro Quintero, quien enfrenta cargos similares y también podría ser sentenciado a muerte.
Aunque se especulaba con un posible acuerdo entre la defensa y la fiscalía, este no se concretó. La próxima audiencia fue fijada para el 18 de septiembre, cuando la Corte podría recibir oficialmente el paquete de mitigación y, eventualmente, decidir si solicita la pena de muerte.
El caso revive una etapa oscura del vínculo entre agencias estadounidenses, narcotráfico y autoridades mexicanas, justo cuando el debate sobre soberanía judicial y relaciones bilaterales vuelve a tensarse. La justicia de EEUU avanza lentamente, pero no olvida, y parece decidida a cerrar el ciclo iniciado en Guadalajara hace 40 años, con todas las consecuencias que ello implique.
