El Congreso de Guanajuato ha decidido, nuevamente, mantener criminalizado el aborto en la entidad, con 19 votos a favor de conservar su penalización y 17 en contra. Esta decisión no solo desatiende la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que declaró inconstitucional la criminalización del aborto—, sino que perpetúa un modelo legislativo que niega derechos fundamentales, reproduce desigualdades estructurales y desoye estándares internacionales en salud pública y derechos humanos.
La sesión, marcada por tensiones políticas y sociales, dejó ver el carácter profundamente conservador de la mayoría panista. Sin embargo, la controversia giró en torno a Luz Itzel Mendo González, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien inicialmente había votado a favor de la despenalización, pero cambió su postura en esta segunda discusión. Su argumento: “Despenalizar es legalizar”, y su decisión —según declaró— respondía a una consulta con mujeres de su distrito. A pesar de los abucheos y acusaciones de “vendida”, fue respaldada en tribuna por el PAN. Su cambio fue clave para archivar la iniciativa definitivamente, sin posibilidad de nueva discusión.
La reacción de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos no se hizo esperar. Desde el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) hasta Católicas por el Derecho a Decidir, calificaron la votación como un acto de traición a los compromisos constitucionales y un rechazo deliberado a la justicia reproductiva. Más allá de la tribuna, el impacto se mide en vidas: de abril de 2007 a junio de 2024, al menos 560 guanajuatenses han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En lo que va de 2025, más de 4,200 niñas y adolescentes entre 12 y 19 años han sido madres; 122 de ellas tenían entre 10 y 14 años, una estadística que interpela directamente al Estado por su negligencia frente a posibles casos de violencia sexual.
A pesar de que dos terceras partes del país han avanzado en garantizar este derecho, Guanajuato se mantiene como uno de los últimos reductos de penalización, junto con Chihuahua y otras pocas entidades. La criminalización, lejos de evitar abortos, empuja a las mujeres a condiciones de clandestinidad, donde el acceso a la salud segura depende del nivel socioeconómico y del código postal. El Estado no impide que se aborten embarazos; impide que se aborte con seguridad y sin castigo.
El Congreso optó por preservar una narrativa en la que “defender la vida” es excusa para obstaculizar decisiones libres e informadas. Argumentos como los esgrimidos por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván —quien advirtió que la despenalización podría someter a las mujeres a presiones externas— revelan un patrón: la constante infantilización del juicio femenino bajo la premisa de que “no saben lo que hacen”.
Aún más preocupante fue la insistencia de legisladores como Karol Jared González Márquez en que la resolución de la Corte no es obligatoria, como si el respeto al marco constitucional fuera opcional. Esta posición erosiona el principio de legalidad y refleja una resistencia institucional que antepone valores religiosos y conservadores a las obligaciones de un Estado laico y garante de derechos.
Por su parte, la diputada Sandra Pedroza Orozco anunció que buscará promover una nueva alerta de género por agravio comparado. La brecha legal entre las mujeres de Guanajuato y aquellas de entidades donde se ha avanzado en justicia reproductiva es cada vez más visible, más injusta y más violenta.
En resumen, lo que ocurrió en Guanajuato no es simplemente una votación más. Es un acto deliberado de negación de derechos. Es persistir en un modelo de castigo donde debería haber protección. Y es también una forma de decir, desde el poder, que las vidas de las mujeres —especialmente las pobres, jóvenes o rurales— valen menos que una ideología.
Mientras tanto, la lucha feminista continúa. En un país donde la justicia se mide por acceso real y no por discursos, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sigue siendo una deuda que el Congreso de Guanajuato insiste en no pagar.
