Este martes 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un amplio paquete legislativo en materia de seguridad pública, con el que busca reforzar el modelo nacional de prevención del delito y consolidar la presencia institucional del Estado en todo el país. Las reformas se centran en tres ejes: inteligencia, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la Guardia Nacional.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detallaron las tres principales propuestas:
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Creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
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Expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Modificaciones estructurales a la Ley de la Guardia Nacional y a otros seis ordenamientos legales.
Inteligencia para anticiparse a la violencia
Godoy explicó que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es reglamentaria del artículo 21 constitucional y busca establecer un marco legal para coordinar acciones de prevención, detección e investigación de delitos mediante herramientas de inteligencia. El sistema será operado por el Centro Nacional de Inteligencia y coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coadyuvancia con el Ministerio Público.
Esta ley contempla la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia, que trabajará en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales. La recolección de datos o intervención de comunicaciones requerirá siempre autorización judicial previa, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Uno de los objetivos es anticiparse a los generadores de violencia antes de que sus actos delictivos se materialicen, mediante el uso de tecnologías legales, controladas y supervisadas.
Reorganización del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Por su parte, Marcela Figueroa presentó la iniciativa para reemplazar la actual Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente desde 2009. Argumentó que dicha ley está rebasada por su rigidez operativa y falta de claridad en la distribución de competencias.
La nueva legislación plantea una coordinación más eficaz entre Federación, estados y municipios, así como la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que formará a investigadores, mandos y personal especializado con una visión humanista, ética y profesional.
También se otorgará sustento legal al Gabinete Federal de Seguridad Pública, cuya estructura podrá replicarse en los estados mediante las denominadas “mesas de paz”. Además, se incorporan estándares más altos para el funcionamiento de registros nacionales y bases de datos del sistema de seguridad, lo cual mejorará la toma de decisiones y evaluación de estrategias.
Guardia Nacional como fuerza civil con disciplina militar
El tercer eje de las reformas implica modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional y a otras seis leyes y dos códigos, en concordancia con la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024. Se redefine a esta corporación como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, con grados, estructura y disciplina equivalentes al Ejército y la Fuerza Aérea, pero con funciones enfocadas en tareas civiles.
La Guardia Nacional podrá colaborar en labores de investigación y prevención de delitos bajo el mando del Ministerio Público, y su personal será formado con enfoque en derechos humanos, igualdad de género y profesionalismo.
Entre los cambios, también se permite que integrantes de la Guardia Nacional soliciten licencia para contender por cargos públicos, lo que generó algunas críticas. Al respecto, la presidenta Sheinbaum recordó que esa posibilidad ya existe desde la Constitución de 1917 y se mantiene en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea desde 1986. Calificó las críticas como “ignorantes” y carentes de sustento jurídico.
Un paso firme hacia un modelo integral de seguridad
Con este paquete legislativo, el gobierno federal busca modernizar el aparato de seguridad del país, dotarlo de capacidades tecnológicas, fortalecer la inteligencia estatal y mejorar la coordinación territorial. Además, se pretende profesionalizar a los cuerpos de seguridad y reforzar el control civil sobre sus acciones.
“Estas reformas son un paso firme hacia una seguridad pública con acciones coordinadas, instituciones más sólidas y profesionales, centradas en el bienestar de las y los ciudadanos”, concluyó Figueroa.
