La ciudad que alguna vez se reivindicó como santuario de migrantes es ahora el epicentro de un operativo federal que evoca escenarios más propios del control militar que de la gobernanza civil. Con redadas migratorias sin precedentes, protestas callejeras y el despliegue unilateral de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump, Los Ángeles vive una de sus jornadas más tensas en lo que va del siglo XXI. Las calles se han vuelto trincheras simbólicas donde se disputa no solo la política migratoria de EE. UU., sino el futuro del derecho a disentir.
Desde el viernes 6 de junio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en centros de trabajo de comunidades latinas en zonas como el Distrito de la Moda y tiendas Home Depot. De acuerdo con datos del cónsul mexicano Carlos González Gutiérrez, al menos 44 personas fueron detenidas, de las cuales 35 son mexicanas. La cifra real podría ser mayor. Voceros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundieron nombres y edades de solo 11 personas, con cargos que van desde delitos graves hasta infracciones no esclarecidas. Esta estrategia de criminalización ha sido severamente criticada por activistas y organismos consulares por su falta de transparencia.
La narrativa oficial insiste en presentar los arrestos como una medida de “limpieza” contra individuos peligrosos. Tom Homan, “zar de la frontera” bajo el mandato de Trump, elevó la cifra a 150 detenidos y prometió más. Sin embargo, medios como EFE y CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights) documentaron que muchas de las personas detenidas eran trabajadores sin antecedentes penales, arrestados en operativos sorpresivos que incluyeron gases lacrimógenos y vehículos blindados.
La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar. En tres días consecutivos, miles de personas tomaron las calles del centro angelino, de Paramount y de Compton, ondeando banderas de México, El Salvador, Honduras, Filipinas y Estados Unidos. En estos actos se mezclaron activistas veteranos, familias migrantes, estudiantes, trabajadores y vecinos organizados para advertir sobre la presencia de ICE. Las protestas incluyeron bloqueos viales, ocupaciones simbólicas del Ayuntamiento y enfrentamientos con autoridades locales y federales. Algunas fueron reprimidas con fuerza: se documentaron disparos de balas de goma, gas pimienta, granadas aturdidoras y arrestos masivos. Solo el sábado, el LAPD reportó 27 personas detenidas.
Pero el giro más alarmante llegó con la orden presidencial de militarizar la respuesta. Trump instruyó a su gabinete de seguridad —Kristi Noem (Seguridad Nacional), Pete Hegseth (Defensa) y Pam Bondi (Fiscalía)— para “liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria”. Invocando disposiciones del Título 10 del Código de Fuerzas Armadas, el presidente desplegó tropas sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, un hecho sin precedentes desde 1965.
El Título 10 permite al presidente federalizar la Guardia Nacional, pero tradicionalmente requiere coordinación con los gobiernos estatales. Saltarse esta norma no solo erosiona el federalismo estadounidense, sino que sienta un precedente peligroso: usar el poder militar como extensión del control migratorio.
Newsom calificó la medida como “una provocación deliberada” y advirtió que “esto solo agravará el conflicto”. La alcaldesa Karen Bass se sumó a las críticas, asegurando que las redadas siembran terror y que el gobierno federal ha roto los principios básicos del debido proceso. “Estas tácticas atentan contra la seguridad y los derechos humanos”, declaró.
Desde el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó con firmeza: “¡No son criminales! ¡Son hombres y mujeres de bien!”. La SRE reforzó su red consular y emitió una condena formal contra lo que considera una política migratoria basada en el uso de la fuerza. “La migración debe atenderse con enfoque humano e integral, no con redadas ni violencia”, puntualizó la cancillería.
Mientras tanto, Trump elevó el tono en su red Truth Social, describiendo a Los Ángeles como una ciudad “invadida” por “criminales” y asegurando que los manifestantes eran “insurrectos violentos” organizados por “la izquierda radical”. Aunque sus aliados en el Congreso, como Mike Johnson, respaldaron el uso de la fuerza, varias figuras demócratas —incluidas Kamala Harris y Bernie Sanders— alertaron que lo ocurrido representa una peligrosa normalización del autoritarismo. Sanders fue directo: “Realizar redadas ilegales, provocar una contrarrespuesta, declarar estado de emergencia y llamar a tropas: inaceptable”.
Pese a la dureza del discurso oficial, hay indicios de fractura en la narrativa. La secretaria Noem prometió que la Guardia Nacional actuaría solo en defensa de edificios y protestas pacíficas. Pero las imágenes difundidas por medios como KTLA y Reuters muestran algo distinto: vehículos blindados recorriendo calles civiles, arrestos arbitrarios y escenas que recuerdan más a zonas de guerra que a una ciudad democrática.
Además, los errores administrativos siguen saliendo a la luz. Casos como el de Kilmar Ábrego García, deportado por error y luego readmitido, o el de Ximena Arias Cristóbal, estudiante con residencia legal detenida por equivocación, ilustran las fisuras de un sistema de control migratorio que sacrifica el derecho por la eficiencia represiva.
Detrás de los titulares también hay historias que no están en los informes oficiales. Fernando Delgado, de 24 años, dijo a la AFP: “Las redadas son injustas. Somos hispanos, ayudamos a la comunidad haciendo el trabajo que otros no quieren hacer”. Lo mismo expresó una residente que, frente a un auto incendiado, sostuvo una bandera mexicana: “Depende de nosotros defender a nuestra gente”.
Los ánimos están lejos de calmarse. Las redes de santuario se han reactivado en iglesias y centros comunitarios. Asociaciones de padres y maestros patrullan escuelas ante rumores de nuevas redadas. Y en redes sociales, la comunidad migrante se moviliza para documentar cada detención, cada abuso, cada patrulla sospechosa.
En este contexto, Los Ángeles vuelve a erigirse como símbolo: no solo de la resistencia migrante, sino del enfrentamiento entre dos modelos de nación. Uno que apuesta por la vigilancia, la expulsión y el miedo; otro que insiste en los principios de comunidad, dignidad y justicia.
Como señaló Angélica Salas, directora de CHIRLA: “No vamos a permitir este atropello a los trabajadores. Sin nosotros, este país no se mueve”.
