En el corazón de South Park, San Diego, la redada de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en dos restaurantes italianos terminó por catalizar una respuesta social y política que sigue escalando. La operación migratoria del pasado 30 de mayo, llevada a cabo en Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta, resultó en la detención de cuatro trabajadores—tres de nacionalidad mexicana y uno colombiano—y dejó una estela de indignación entre vecinos, funcionarios locales y defensores de derechos humanos.
Según informó NBC News, la redada fue ejecutada por elementos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes actuaron con órdenes judiciales por presuntas irregularidades en la contratación de personas sin estatus legal. Los agentes irrumpieron con uniformes tácticos, armas largas y rostros cubiertos, en plena hora pico de servicio, generando escenas de pánico entre clientes y empleados. La situación escaló cuando los vecinos se congregaron a protestar, bloqueando el paso de los agentes y gritando “¡vergüenza!” mientras grababan lo ocurrido. En respuesta, ICE utilizó granadas de humo y dispositivos aturdidores para dispersar a la multitud.
La reacción ciudadana fue inmediata. Decenas de residentes enfrentaron a los agentes, logrando que se replegaran. El alcalde Todd Gloria señaló en sus redes que estas acciones “socavan la confianza y generan temor en nuestra comunidad”. Agregó que ya había planteado sus objeciones directamente con líderes de HSI y reiteró su compromiso con la dignidad y seguridad de todos los habitantes de San Diego.
En paralelo, el concejal Stephen Whitburn cuestionó públicamente el despliegue táctico: “¿Cuál fue la justificación para enviar docenas de agentes armados, enmascarados y esposar a todos los trabajadores?”. La crítica también vino del Congreso. Juan Vargas calificó el operativo como un “grave error” y condenó que se usara tal fuerza para detener a personas sin identificación en un restaurante familiar.
Mientras tanto, el restaurante Buona Forchetta expresó su “corazón roto” por el “incidente traumático”, anunció el cierre temporal de todas sus sucursales y ofreció apoyo legal a su personal. En contraste, el director interino del ICE, Todd Lyons, defendió el uso del equipo táctico argumentando que sus agentes y sus familias enfrentan amenazas en redes sociales: “Lamento que a algunos les moleste, pero no voy a permitir que se pongan en peligro”, dijo desde Boston.
El caso reavivó el debate sobre las políticas migratorias del gobierno federal, en especial bajo el nuevo mandato de Donald Trump, que ha promovido redadas agresivas en restaurantes, juzgados y obras en construcción. Como informó Los Angeles Times, el objetivo diario es de 3 mil arrestos, con la justificación de combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, el operativo en San Diego pone en entredicho esa narrativa, al enfocarse en trabajadores sin antecedentes penales ni historial criminal.
En un contexto en que las acciones del ICE parecen replicar más una lógica de espectáculo punitivo que una política pública coherente, la comunidad de San Diego ha respondido con organización vecinal y presión política. La redada, lejos de disuadir, encendió una alarma que, al menos en esta ciudad, no será fácil de silenciar.
