Más allá del chisme y los memes de “la Sedena espiándote viendo cómo le ruegas a tu ex”, en México se está cocinando algo serio que vale la pena entender. La Cámara de Diputados acaba de aprobar en fast track una nueva Ley de Seguridad Pública y una Ley de Inteligencia, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que podrían cambiar la forma en que el gobierno accede a nuestra información.
¿Qué aprobaron exactamente?
En una sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 368 votos a favor y 102 en contra dos nuevas leyes: La Ley del Sistema Nacional de Investigación de Seguridad Pública, y Reformas relacionadas con la ley de seguridad e inteligencia.
Estas leyes buscan crear un sistema más estructurado de investigación e inteligencia para combatir al crimen. Hasta ahí todo suena bastante bien. Pero el problema no es lo que se dice en general, sino los detalles.
Uno de los cambios clave es que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —que antes dependía de la Secretaría de Gobernación— ahora pasa a manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Y con eso, se le dan nuevos súper poderes.
¿Cómo cuáles? El CNI podrá acceder a montones de bases de datos, incluyendo:
- Información de vehículos y placas
- Datos biométricos
- Registros telefónicos
- Registros de armas (legales e ilegales)
- Padrones de personas detenidas y sentenciadas
- Información bancaria, fiscal, de salud, telecomunicaciones, ¡y más!
Y no, no estamos hablando solo de bases públicas: también podrán pedirle datos a empresas privadas.
Todo esto será para generar “productos de inteligencia” (o sea, análisis para prevenir o combatir delitos), pero no se especifican claramente los límites ni los filtros judiciales para acceder a esta info.
Ley de Inteligencia viola el derecho a la privacidad
Obviamente esto no pasó sin que ardiera el Congreso. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentaron frenar la discusión con mociones suspensivas, pero la mayoría de Morena y aliados las rechazaron en votación económica (o sea, sin mayor trámite).
El diputado panista José Alfonso Rubalcaba fue claro al decir que esta ley representa un riesgo grave al derecho a la privacidad: “Van a tener el poder para acceder a toda la información, incluyendo geolocalización, datos biométricos, cuentas de banco, incluso conversaciones telefónicas, fotos y videos personales de todas las personas que utilicen un celular”.
Además, recordó que la Constitución protege a las personas de ser molestadas en su vida privada sin orden judicial, algo que aquí parece omitirse olímpicamente.
¿Esto es legal?
Eso es justamente lo que se va a discutir en los próximos días. Porque aunque la reforma ya fue aprobada en Diputados, el Senado la discutirá el próximo 30 de junio. Ahí podría frenarse, modificarse o avalarse tal cual.
Por lo pronto, el PRI advierte que esto se trata de “vigilancia masiva”, y que se estarían violando artículos como el 6° y el 16° constitucional, que protegen la privacidad y el debido proceso. “Un control absoluto, sin filtros judiciales, sin contrapesos y sin transparencia”, advirtió el diputado Emilio Lara del PRI.
Esto abre la puerta a que las autoridades puedan tener acceso a una cantidad inmensa de datos sin una orden judicial previa. Lo preocupante es que no hay suficiente claridad sobre cómo se protegerá tu información personal.
Así que, más allá de los memes y el “¿qué podría pasar si no tienes nada que ocultar?”, este es un tema que tiene que ver con derechos fundamentales, como la privacidad, el uso de tus datos y el control del poder.
Lo mejor es estar al pendiente de lo que pase en el Senado, porque esto aún no es ley definitiva, pero la discusión ya está sobre la mesa… y tu historial de llamadas, probablemente también.
