El máximo tribunal del país ha emitido una sentencia que cimbró los cimientos de uno de los casos más mediáticos y cuestionados del sistema de justicia mexicano: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien llevaba 19 años en prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.
La decisión, avalada por cuatro votos contra uno, se fundamenta en un fallo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que concluyó que las pruebas clave contra González Lomelí fueron obtenidas mediante tortura, coerción y otras violaciones graves a sus derechos humanos. A partir de esta nulidad, el tribunal consideró que no existen elementos suficientes para sostener su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Juana Hilda fue detenida el 10 de enero de 2006, arraigada por casi tres meses, y después sentenciada a 78 años de prisión. Su “confesión”, realizada el 8 de febrero del mismo año, ocurrió en un contexto documentado de amenazas, presiones psicológicas y advertencias de represalias contra su familia. Según la propia acusada, fue presionada para aceptar un relato que incluía desde el engaño a Wallace hasta el supuesto desmembramiento de su cuerpo y el desecho de sus restos por el drenaje, en lo que ahora la SCJN considera un montaje sin sustento probatorio legal.
La sentencia también desnuda las prácticas sistemáticas de fabricación de culpables por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). La confesión obtenida bajo tortura sirvió como base para cateos posteriores en los que, curiosamente, se “encontraron” evidencias como una gota de sangre y una licencia de conducir del empresario, elementos que no habían sido hallados en inspecciones previas.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que asumió la defensa de Juana Hilda y de otros coprocesados en el caso Wallace, señaló que esta resolución no solo representa un triunfo para la libertad de su clienta, sino que sienta un precedente crucial en materia de derechos humanos. Entre los beneficiarios potenciales de esta resolución se encuentran Brenda Quevedo, en prisión domiciliaria, y Jacobo Tagle, aún procesado, pues sus casos también se basan en pruebas ya declaradas nulas.
Más allá del caso individual, la Corte subraya que esta resolución expone “violaciones persistentes” del sistema penal tradicional mexicano: la tolerancia institucional hacia la tortura, el uso de estereotipos y la falta de garantías al debido proceso. El fallo también responde a una presión institucional que buscaba posponer la discusión, en espera de una nueva integración de la Corte más afín al oficialismo, tras las recientes elecciones judiciales.
La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, intentó detener la resolución argumentando un supuesto impedimento del ministro ponente y señalando que el clima político no era “oportuno” para resolver el caso. Ambas maniobras fueron desechadas como improcedentes por los demás ministros.
El caso Wallace, durante casi dos décadas, fue impulsado en la arena pública por Isabel Miranda de Wallace, quien utilizó espectaculares, campañas mediáticas y recursos políticos para visibilizar la causa. La ahora fallecida activista logró incrustar su narrativa en la opinión pública, incluso cuando comenzaron a surgir denuncias serias sobre irregularidades y fabricación de pruebas.
La resolución de la SCJN no solo libera a una mujer que ha pasado casi dos décadas en prisión por pruebas ilícitas, sino que también expone los costos de una justicia construida más sobre el espectáculo que sobre la legalidad. En un país donde miles de personas siguen presas sin sentencia o por procesos plagados de irregularidades, el caso de Juana Hilda González Lomelí no es la excepción: es el espejo.
