- Ante el proyecto de resolución que busca reinterpretar esa figura, la mandataria argumentó que se debe de mantener “frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces”
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum consideró que, ante la situación de inseguridad que se vive en el país, la prisión preventiva oficiosa continúe aplicándose automáticamente para ciertos delitos y que esto no dependa del análisis de los jueces.
Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta enfatizó que esta figura está prevista en el artículo 19 constitucional, mismo que establece un catálogo de delitos por los que las personas deben llevar sus procesos penales en prisión.
Dicho catálogo incluía delitos de alto impacto como extorsión, homicidio y delincuencia organizada, sin embargo, en el año 2019 fue ampliado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para incluir delitos de corrupción, fiscales, en materia de hidrocarburos, entre otros.
“Frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces, que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como el homicidio o delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa”, dijo la presidenta. “Esto tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”.
El tema fue abordado por la mandataria federal a propósito de la programación de la discusión de un proyecto de resolución, elaborado por la ministra de la ministra Margarita Ríos Farjat, que establece que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en automático, conforme al delito que se imputa, es inconvencional y prevé reinterpretar la figura para que los juzgadores analicen caso por caso y determinen si los imputados deben seguir sus procesos penales en la cárcel o no.
Este criterio coincide con los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los casos García Rodríguez y otros vs. México y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en los que declaró que la forma en la que se aplica la prisión preventiva oficiosa en el país no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se hace en automático si una persona es acusada de alguno de los delitos del catálogo del 19 constitucional, sin tomar en consideración las particularidades de cada caso.
El proyecto no tiene fecha fija de discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, la presidenta Sheinbaum reprochó que la oposición tenga intenciones de que todo el tiempo se aplique prisión preventiva justificada (la solicita el ministerio público y está obligado a ofrecer pruebas para su imposición) sin aportar mayores propuestas al conflicto de convencionalidad.
