Silvia Rocío Delgado García, exintegrante del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no solo fue candidata a jueza penal en Chihuahua; ya ganó. Con 23,605 votos, obtuvo el segundo lugar en la elección del Distrito Judicial Bravos, según el conteo oficial del Instituto Estatal Electoral (IEE). Lo que para algunos es un ejercicio democrático inédito, para otros es una alerta roja con toga.
La ahora futura jueza penal formó parte del equipo jurídico del capo sinaloense entre 2016 y 2017, cuando Guzmán Loera estaba recluido en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez. Su rol fue público y activo: promovió amparos por frío extremo para obtener una cobija, denunció restricciones de ingreso para verificadores judiciales y hasta acusó presunto acoso por parte de custodios del penal. Aunque algunos de esos señalamientos fueron desmentidos por otros abogados del mismo equipo, su participación quedó registrada en medios como Zeta y documentada por la organización Defensorxs.
Lo curioso es que, a pesar de esa trayectoria, su perfil público en la plataforma “Conóceles” —diseñada para que el electorado conociera a las personas aspirantes— omite por completo su relación profesional con el capo. Ahí, Silvia se presenta como litigante, conferencista y docente en derecho penal, laboral y garantías individuales. En redes sociales, su campaña apelaba al “temple y carácter” como virtudes clave para juzgar.
Pero el verdadero punto de tensión no fue su omisión, sino el contexto: Silvia fue postulada por el Poder Ejecutivo estatal, aprobado por el Comité de Evaluación del PJ y finalmente legitimada en una elección directa, parte de la reforma judicial impulsada por AMLO en 2024. Una reforma que prometía acercar la justicia al pueblo, pero que —como advierten ONG como Defensorxs y Projuc— también abrió la puerta a perfiles considerados “de alto riesgo”, entre ellos, Delgado.
La polémica escaló no solo por su pasado legal, sino por la lógica electoral que permeó el proceso. En Chihuahua se eligieron más de 300 cargos judiciales mediante boletas directas, sin filtros previos que garanticen criterios técnicos o de independencia. “Defender a delincuentes no es delito”, argumentó Delgado en entrevista con El Financiero, “es ejercer el derecho”. Y, para ella, haber representado a Guzmán no fue una mancha, sino “un orgullo profesional”.
Sin embargo, más allá del orgullo, hay un debate abierto sobre los límites entre defensa legal y elegibilidad ética. ¿Debe pesar más la capacidad jurídica o el historial simbólico? ONG como Defensorxs plantean que el proceso fue deficiente en filtros, y ya buscan promover impugnaciones contra su nombramiento.
Por ahora, el IEE debe validar formalmente los resultados y entregar las constancias de mayoría. Los nuevos jueces asumirán el 1 de septiembre, si no hay impugnaciones exitosas de por medio.
Y así, en la tierra donde el voto directo eligió a jueces como si fueran regidores, una exabogada del narco pronto impartirá justicia. En un país donde “la ley es la ley”, pero el historial pesa más que una toga nueva, el expediente de Silvia Delgado es más que un papel: es un espejo del experimento judicial en curso.
