Y así, sin tanto ruido, Sinaloa estuvo a punto de sumarse al club de estados con su propia “Ley Mordaza”. Diputadas de Morena en el Congreso sinaloense metieron la iniciativa para regular la “violencia digital”, pero con un lenguaje tan ambiguo que más que proteger, parecía querer ponerle un bozal a la crítica.
Aunque la propuesta ya fue retirada (de momento), las alarmas están más que encendidas. ¿Vamos rumbo a un país donde tuits críticos, memes incómodos y columnas incómodas puedan llevarte a juicio?
¿Ley Censura en Sinaloa?
El proyecto, impulsado por María Teresa Guerra Ochoa y Erika Rubí Martínez Rodríguez, proponía hasta cinco años de cárcel a quien usara medios digitales para “difamar, calumniar o denigrar” a otra persona. En el papel sonaba como una forma de frenar la violencia en línea… pero la redacción era tan vaga que periodistas, activistas y organizaciones civiles alzaron la ceja y la voz.
Y con justa razón: ¿quién decide qué es “denigrar”? ¿Decirle corrupto a un funcionario cuenta como difamación si no les gusta? El riesgo de criminalizar la crítica y censurar la libertad de expresión era muy real.
“No nos vamos a quedar callados”
La Asociación de Periodistas de Sinaloa fue clara: calificó la propuesta como una “ley mordaza” disfrazada, que lejos de proteger derechos, parecía diseñada para blindar a los poderosos del escrutinio público.
“El poder político pretende callar las voces críticas”, dijeron en un comunicado, señalando que esto no era una coincidencia, sino una tendencia nacional para silenciar a quienes se atreven a incomodar al sistema.
Las organizaciones Artículo 19 e Iniciativa Sinaloa también encendieron las alertas: advirtieron que esta iniciativa no era un caso aislado. En estados como Puebla y Campeche ya hay antecedentes preocupantes, y todo apunta a una estrategia coordinada para imponer control sobre el discurso digital.
¿Una nueva ola de censura disfrazada de protección?
En teoría, la iniciativa buscaba proteger a mujeres y niñas de nuevas formas de violencia digital —como la suplantación de identidad o las campañas de difamación—, pero en la práctica, parecía abrir la puerta a castigar memes, hilos incómodos y cualquier crítica directa al poder.
Y no es teoría de conspiración: en Puebla, la “Ley Censura” impulsada por el gobernador Alejandro Armenta promete castigar con cárcel los insultos en redes sociales.
Y en Campeche, la jueza Guadalupe Martínez Taboada prohibió ejercer el periodismo al comunicador Jorge Luis González, y cerró por dos años el portal de Tribuna de Campeche, todo tras una denuncia de Layda Sansores por “incitación al odio”. Así que sí, hay razones para preocuparse.
¿Qué sigue para Sinaloa?
Tras reunirse con activistas y comunicadores, las diputadas sinaloenses retiraron la iniciativa y ofrecieron abrir mesas de diálogo para replantearla. Reconocieron que la redacción era problemática y que la protección a grupos vulnerables no puede ir en contra del derecho a informar.
“Este retroceso representa una muestra de apertura”, dijo Guerra Ochoa. Pero ojo: el hecho de que la hayan pausado no significa que la idea haya muerto.
Mientras tanto, los gremios de periodistas insisten: la violencia digital existe y debe atenderse, pero no a costa de la libertad de expresión. Y si se va a legislar, debe hacerse con precisión, con límites claros y sin margen para la censura.
¿Vamos hacia un país donde criticar sea delito?
Hoy fue Sinaloa, ayer fue Puebla y Campeche. Mañana puede ser cualquier otro estado. Y mientras la narrativa sea “es para proteger”, seguiremos viendo iniciativas que parecen más preocupadas por blindar a funcionarios que por defender a la ciudadanía.
Por eso, aunque esta ley quedó en pausa, el debate sigue más vivo que nunca. Porque sí, el ciberasedio es real. Pero también lo es el riesgo de que nos callen a todos en nombre de combatirlo.
