- Juez federal ordena detener toda deforestación ilegal en el predio conocido como “Desarrollo Especial La Pona”
- Autoridades deberán realizar monitoreos constantes para evitar daños ambientales
Organizaciones civiles celebran la resolución como una victoria jurídica y social
Un juez federal ordenó la suspensión definitiva de toda actividad de deforestación ilegal en La Pona, lo que implica que cualquier intento de reactivar obras públicas o privadas que dañen el medio ambiente será sancionado por el Poder Judicial de la Federación.
Además, se instruyó a diversas autoridades, tanto locales como federales, a realizar visitas de monitoreo de forma constante, con el fin de garantizar la protección del ecosistema mientras se resuelve el juicio de amparo presentado contra los incendios intencionales del 23 de abril y la deforestación llevada a cabo por un particular el 25 de abril.
El Juzgado Sexto de Distrito en Aguascalientes concedió la suspensión definitiva al considerar que se trata de un suelo forestal cuya protección corresponde a los tres niveles de gobierno, y que existe un riesgo inminente de daño irreversible. La resolución se dio en respuesta al juicio promovido por la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) y Salvemos La Pona A.C.
“Esta resolución es una victoria jurídica y social. Es el reconocimiento de que La Pona no está sola, y de que la defensa del territorio desde la organización social tiene fuerza ante los tribunales”, expresó Salvemos La Pona A.C. El juicio fue impulsado también por el Observatorio de Violencia Social y de Género A.C. y Conversa Sur A.C., con el acompañamiento jurídico de la abogada Carla Escoffié, experta en litigio estratégico en derechos humanos.
“Cada vez hay más evidencia de que los actos que se pretendían ejecutar violan derechos fundamentales y no pueden permitirse mientras exista duda sobre su legalidad. Esta resolución permite proteger La Pona en lo que dura el juicio”, explicó Escoffié.
Las organizaciones insisten en que La Pona es un ecosistema de gran valor ambiental, social y urbano, y que su destrucción representa una violación al derecho humano a un ambiente sano. Además, reiteran el llamado a la sociedad a mantenerse atenta, pues la batalla legal continúa y la vigilancia ciudadana será fundamental para hacer valer esta resolución.
