- Reconoce avances en la regulación de criptomonedas y beneficiarios finales
- Cuestiona vigilancia masiva y afectaciones a derechos constitucionales
Advierte impactos desproporcionados para ciudadanos y pequeñas empresas
Durante la discusión de la reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el senador Toño Martín del Campo manifestó su respaldo al objetivo de la iniciativa, pero alertó sobre posibles excesos que podrían traducirse en regresiones y vulneraciones a derechos fundamentales.
El legislador destacó avances importantes como la inclusión de criptomonedas y fideicomisos como actividades vulnerables, la obligación de identificar a los beneficiarios finales, el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la vigilancia a Personas Políticamente Expuestas. “Estamos en contra de la corrupción”, señaló.
Sin embargo, advirtió que la redacción actual de la reforma abre la puerta a usos discrecionales y a violaciones a principios constitucionales como la privacidad y la proporcionalidad. Particularmente, criticó que la Secretaría de Hacienda pueda requerir datos personales sin orden judicial, incluso a órganos autónomos como el INE.
También expresó preocupación por definiciones ambiguas como “otras formas jurídicas análogas” o “actividades no definidas pero potencialmente vulnerables”, que podrían derivar en inseguridad jurídica y cargas excesivas para micro y pequeñas empresas. “Una microempresa familiar que opera legalmente ahora tendría que cumplir con monitoreos al nivel de una institución financiera grande. Eso es desproporcionado”, subrayó.
Finalmente, recordó que el Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero en México representa entre el 2% y el 5% del PIB, lo cual equivale a entre 26 mil y 65 mil millones de dólares anuales. En ese contexto, urgió a cerrar los huecos por donde circula el dinero ilícito, pero sin afectar las libertades.
