El despliegue de 700 marines en Los Ángeles, autorizado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Pentágono, marcó una escalada en la respuesta federal ante las protestas masivas contra las redadas migratorias impulsadas por su gobierno. La operación, que se suma a los 2,100 elementos de la Guardia Nacional ya presentes en la zona como parte de la Fuerza de Tarea 51, busca “proteger personal y propiedad federal”, según el Comando Norte. Sin embargo, su ejecución sin consentimiento estatal ha detonado una nueva crisis legal y política entre la Casa Blanca y el estado de California.
La protesta civil comenzó tras las redadas del ICE iniciadas el viernes en diversas zonas de Los Ángeles, lo que generó movilizaciones pacíficas pero contundentes de grupos pro-migrantes. La indignación se intensificó con el arresto de figuras como el líder sindical David Huerta, y alcanzó nuevas dimensiones tras los reportes de uso excesivo de fuerza por parte de autoridades federales. Aunque la alcaldesa Karen Bass reconoció que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, la narrativa federal ha insistido en caracterizarlas como disturbios violentos.
Trump, en su red social Truth Social, justificó la militarización afirmando que “de no haber actuado, Los Ángeles habría sido totalmente aniquilada”, mientras arremetía contra la alcaldesa y el gobernador Gavin Newsom, a quien llamó “Newscum” y acusó de negligencia. En paralelo, el fiscal general de California, Rob Bonta, y el propio Newsom anunciaron una demanda contra la Administración federal, al considerar que la federalización de la Guardia Nacional sin solicitud del estado constituye una violación a la Décima Enmienda.
El Pentágono evitó mencionar directamente al ICE o a otras agencias federales involucradas en las redadas, pero su comunicado confirmó que los marines se integran para “apoyo continuo a las agencias federales” y para “llevar a cabo operaciones de Seguridad Nacional”. En ese marco, la activación del batallón de Infantería se interpreta como parte de una estrategia que refuerza la narrativa de control interno ante disidencias civiles.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció los operativos estadounidenses como una agresión contra una comunidad trabajadora y plenamente integrada a la economía del país vecino. “Estados Unidos necesita a estos trabajadores”, declaró, al tiempo que exhortó a los connacionales a mantener la protesta pacífica y a evitar provocaciones.
El trasfondo del despliegue remite no solo al debate sobre migración, sino al uso de la fuerza militar en el manejo de protestas ciudadanas. Como recordó el fiscal Bonta, se trata del primer despliegue de la Guardia Nacional en California sin consentimiento del gobernador desde 1965. El movimiento ha sido leído como una maniobra autoritaria de un presidente en campaña que ha convertido la seguridad interna en una vitrina electoral, desdibujando los límites entre orden y represión.
