Sin esperar al lunes, el presidente Donald Trump desempolvó una de las piezas más controvertidas de su primer mandato: las restricciones migratorias por decreto. Esta vez, una proclamación firmada el 5 de junio vuelve a cerrar las puertas de Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, en su mayoría africanos y de mayoría musulmana, e impone restricciones parciales a otros siete, incluyendo a Cuba y Venezuela. La medida, anunciada a través de un video en su red Truth Social y respaldada por un comunicado de la Casa Blanca, se justifica bajo el argumento de “proteger la seguridad nacional ante peligros extremos”.
La proclama, que entrará en vigor el 9 de junio, señala que Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen quedan completamente vetados. En paralelo, Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán enfrentan una restricción parcial para visas de turismo, estudio y otras categorías no inmigrantes como B1/B2, F, M y J.
Justificación y excepciones, con aroma al pasado
El argumento de Trump reitera el discurso que popularizó en 2017 con su veto migratorio original, declarado entonces contra países de mayoría musulmana y que derivó en caos aeroportuario, litigios y protestas masivas. Ahora, el mandatario asegura que las restricciones se basan en fallas de seguridad, falta de cooperación diplomática y altos índices de permanencia ilegal tras el vencimiento de visas. En sus palabras: “No los queremos”.
El secretario de Estado —al que Trump asignó la revisión de las capacidades de verificación de cada país— determinó que estas naciones representan riesgos porque “no comparten información sobre amenazas” o “se niegan a recibir de vuelta a sus ciudadanos deportables”.
Entre las excepciones previstas se incluyen residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, atletas que compitan en eventos internacionales y personas cuya entrada beneficie al “interés nacional”. Además, ciudadanos con doble nacionalidad quedan exentos si su segundo pasaporte es de un país no listado.
Cuba y Venezuela: foco político del veto
El caso de Cuba está cargado de simbolismo político: el documento la etiqueta como un “Estado patrocinador del terrorismo” que no coopera con Estados Unidos ni acepta deportados. Esto, sumado a un alto porcentaje de beneficiarios de visas que sobrepasan su estadía legal, justificó la suspensión de múltiples tipos de visado.
En cuanto a Venezuela, la proclama argumenta que el país “carece de una autoridad central competente” para emitir documentos confiables, además de mostrar poca disposición para colaborar en materia migratoria. Aunque no se especifica si la medida afecta a funcionarios del gobierno —como en la versión de 2018—, la retórica apunta al mismo diagnóstico de desconfianza institucional.
Reacciones: entre el rechazo global y el cálculo legal
La medida ha generado una oleada de críticas tanto dentro como fuera de EE.UU. Desde Venezuela, el ministro Diosdado Cabello acusó al gobierno estadounidense de actuar por supremacismo y odio, afirmando que “estar en EE.UU. es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos”.
En el Congreso estadounidense, figuras como Pramila Jayapal y Don Beyer calificaron la prohibición como “discriminatoria” y un retroceso en la tradición estadounidense de acogida. Becca Heller, directora del International Refugee Assistance Project, acusó al presidente de utilizar la ley migratoria como instrumento de castigo racial y religioso.
A diferencia de su primera versión, esta nueva prohibición parece blindada jurídicamente. Voces como la del profesor Stephen Vladeck, de la Universidad de Georgetown, apuntan que la proclamación fue preparada con mayor cuidado para resistir impugnaciones judiciales. La administración incluso contempla revisar si los países “corrigen las deficiencias” señaladas.
Una medida con resonancia electoral
Aunque el anuncio fue presentado como una acción por “seguridad nacional”, el momento elegido no es casual. Trump ha intensificado su discurso antimigratorio de cara al proceso electoral de 2024, retomando narrativas de su primer mandato que conectan con su base política.
En plena semana internacional de los museos —cuando el mundo celebra el patrimonio y la apertura cultural—, la administración Trump exhibe, una vez más, una política de exclusión que reafirma su estilo de gobierno: vitrina de seguridad, pero con candado ideológico.
