No es la primera vez que un escándalo financiero sacude los cimientos del poder en México, pero esta vez, el epicentro lleva nombre y apellido conocidos: Alfonso Romo, empresario, exjefe de la Oficina de la Presidencia y figura clave de la autodenominada Cuarta Transformación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha vinculado a Vector Casa de Bolsa —empresa propiedad de Romo— con una red internacional de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el tráfico de fentanilo.
La información difundida por medios como Proceso y documentos oficiales de FinCEN apunta a una operación sistemática entre 2013 y 2023. Las sospechas no se quedan solo en movimientos financieros aislados: entre los hallazgos destacan múltiples transferencias millonarias procesadas por Vector hacia empresas chinas señaladas por suministrar precursores químicos usados para fabricar opioides. En concreto, una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a través de Vector, y se documentaron al menos tres empresas chinas que recibieron fondos repetidamente de compañías mexicanas utilizando los servicios de la casa de bolsa.
Las fechas no pasan desapercibidas: varias de estas operaciones ocurrieron entre 2019 y 2023, es decir, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, cuando Romo fungía como su brazo derecho empresarial. Aunque AMLO aseguró en su momento que Romo dejaría el cargo formal pero no la cercanía política, las coincidencias temporales alimentan los cuestionamientos sobre la laxitud institucional frente a delitos financieros graves.
La mancha se extiende. Otro foco rojo es la participación de Vector en las transacciones de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa. FinCEN concluyó que Vector participó en operaciones por más de 40 millones de dólares vinculadas a sobornos dirigidos a García Luna entre 2013 y 2019. Parte de ese dinero habría sido canalizado mediante una red de empresas fachada, algunas con conexiones internacionales hacia paraísos fiscales y otras destinadas al reingreso de fondos a México para pagar a cómplices.
Como si no fuera suficiente, el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, trabajó en Vector en la década de los noventa. Aunque su paso por la firma no es reciente ni aparece en su declaración patrimonial, su vínculo pasado con una institución hoy cuestionada reaviva las dudas sobre los controles éticos en la alta burocracia nacional.
FinCEN no solo apunta a delitos pasados, sino a un patrón sistemático de complicidad financiera con el crimen organizado. El informe señala “fallas significativas” en los mecanismos internos de Vector para detectar y frenar el lavado de dinero, lo que facilitó transacciones con grupos criminales nacionales e internacionales.
El caso pone en entredicho no solo a una empresa financiera, sino al discurso de integridad que ha acompañado al proyecto político de López Obrador. Que la casa de bolsa de uno de sus principales aliados figure como facilitadora de recursos para el narcotráfico en pleno auge de la guerra contra el fentanilo en EE.UU. tensa aún más la relación bilateral y deja al descubierto que el “encargo” de Romo con la 4T quizá fue más complejo —y más opaco— de lo que se dijo públicamente.
