Cuando Ovidio Guzmán firmó su declaración de culpabilidad en una corte de Illinois el 1 de julio, no solo selló un pacto con la justicia estadounidense: activó una alarma en la esfera política mexicana. El exlíder de “Los Chapitos”, cuya captura en 2023 costó vidas de soldados mexicanos, ahora coopera con la fiscalía estadounidense a cambio de una sentencia reducida. Pero lo que realmente inquieta a la clase política no es su castigo, sino las posibles revelaciones que podrían poner nombres y apellidos en el radar del Departamento de Justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: no se opondrá al proceso judicial, pero sí exige que cualquier acusación que surja desde EEUU sea respaldada por pruebas y canalizada a través de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo ha dicho en varias ocasiones: “Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la FGR”, y cuestiona la aparente contradicción del país vecino al negociar con alguien que hasta hace poco era considerado parte de un grupo terrorista. “¿Dónde queda su postura de no negociar con terroristas?”, lanzó durante su conferencia matutina.
La incomodidad no es menor. La extradición de Ovidio fue resultado de un operativo de alto impacto en Jesús María, Sinaloa, en enero de 2023. Diez militares murieron, y el Gobierno mexicano defendió el proceso pese a las críticas por su rapidez. Ahora, con el acuerdo judicial de “El Ratón”, surgen dudas legítimas sobre si EEUU compartirá la información que obtenga o si México solo quedará como espectador de una narrativa judicial que se escribirá en Chicago.
La inquietud va más allá del gabinete presidencial. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que el Congreso revisará los tratados de extradición como prioridad en el próximo periodo legislativo. Asegura que debe haber reciprocidad: si México entrega a alguien, tiene derecho a saber qué ocurre con esa persona y qué consecuencias pueden derivar de su testimonio.
Y es que el historial no juega a favor de la clase política mexicana. En el pasado, testigos cooperantes en juicios de alto perfil —como el del “Chapo” Guzmán o el de Genaro García Luna— ya han mencionado a figuras del más alto nivel. El expresidente Peña Nieto fue señalado por haber recibido un presunto soborno de 100 millones de dólares. Felipe Calderón fue implicado indirectamente a través del testimonio del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien aseguró que desde la presidencia se dio la orden de apoyar al Cártel de Sinaloa. Incluso el nombre de AMLO salió a relucir en el juicio de García Luna, aunque sin pruebas concluyentes.
Estos antecedentes hacen que el acuerdo de Ovidio Guzmán se vea no solo como una estrategia judicial, sino como un dispositivo de poder: lo que diga puede reconfigurar el tablero político mexicano. No sería la primera vez. El caso de Vicente Zambada Niebla, quien también pactó con la justicia estadounidense para obtener beneficios, abrió expedientes y permitió tejer redes de vínculos entre la delincuencia organizada y funcionarios a nivel federal y estatal. El patrón es claro: cuando se cede información desde la cárcel, se activa una cadena de consecuencias políticas impredecibles.
Margarita Zavala, diputada del PAN, ha cuestionado el valor probatorio que se le da a las declaraciones de criminales. “No me parece que se le dé fuente de verdad a quienes han sido perseguidos por la justicia”, dijo en conferencia con medios. Para Zavala, el juicio debe seguir su curso, pero sin convertir cada palabra de los capos en una verdad judicial automática. Al mismo tiempo, exigió coherencia: “Es importante que determinados principios y medidas que utilizamos para los adversarios, también se utilicen con los personales”. Con esto, aludió a la selectividad con la que se suelen usar las declaraciones de criminales para atacar o proteger a figuras políticas según convenga.
No obstante, la postura del PAN no impide que exista preocupación en el bloque opositor. El acuerdo de Ovidio también plantea un dilema ético y jurídico: ¿se puede confiar en la información de un criminal a cambio de una condena menor? En la práctica estadounidense, sí. Y ese es el problema: aunque México pida pruebas sólidas, basta que una declaración tenga potencial mediático para que cause un terremoto político, aun sin una sentencia judicial firme.
¿A quién podría nombrar Ovidio? ¿A quiénes señalará con pruebas? Aunque los detalles del acuerdo no son públicos, su declaración en Illinois —en lugar de ser en Nueva York, donde enfrenta otros cargos— sugiere que hay una estrategia para centralizar su cooperación bajo condiciones específicas. El traslado de 17 familiares a EEUU, revelado en mayo pasado, también deja entrever una negociación de mayor profundidad.
Sheinbaum insiste en que no habrá impunidad para nadie, pero también recalca que el respeto a la soberanía es irrenunciable. Una declaración explosiva sin sustento judicial no bastará para iniciar procesos en México. Sin embargo, el daño político puede instalarse incluso sin condenas, como ya ocurrió con García Luna, cuyo juicio —más que la sentencia— fue el detonador de narrativas cruzadas entre gobiernos.
La pregunta no es si Ovidio hablará. Es qué dirá, a quién mencionará y cuánto costará políticamente su cooperación. En el juego de la justicia transnacional, los acuerdos judiciales son mucho más que papeles sellados: son bombas de tiempo diplomáticas que, tarde o temprano, estallan donde menos se espera. Y en México, la cuenta regresiva ya empezó.
