Aunque suene increíble, el infierno para 300 perros tenía nombre y fachada de buena voluntad: “Ellos son la Razón”, una asociación civil en Ensenada, Baja California, que terminó siendo cateada por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras denuncias ciudadanas que se acumulaban desde al menos 2024. Lo que encontraron dentro fue más cercano a una escena postapocalíptica que a un refugio: hacinamiento extremo, jaulas con animales muertos en descomposición, enfermedades contagiosas como moquillo, sarna, cáncer transmisible (TVT) y acumulaciones de heces, orina e insectos.
El operativo, autorizado por orden judicial y ejecutado la noche del 5 de julio, involucró a veterinarios, personal municipal y representantes de salud pública. Los vecinos habían alertado insistentemente sobre los olores nauseabundos y la insalubridad visible desde el exterior. En efecto, el escenario evidenció no solo el sufrimiento animal, sino también un riesgo sanitario latente para la comunidad. El rescate coincidió —no sin ironía— con el Día Mundial de las Zoonosis, fecha en la que las autoridades de salud recuerdan que más del 60% de las enfermedades humanas tienen origen animal.
La fiscal especializada en delitos ambientales y contra los animales, Ilse Carolina Vázquez Maldonado, informó que ya se habían abierto dos carpetas de investigación, una en 2024 y otra en 2025. Es decir, no se trató de un caso súbito, sino de una omisión prolongada por parte de las autoridades responsables de inspeccionar y regular este tipo de centros.
La situación de los animales rescatados es crítica. Según los médicos veterinarios que los valoraron, muchos presentan enfermedades graves que requieren tratamiento intensivo o, en casos irrecuperables, eutanasia humanitaria para evitarles más sufrimiento. El plan anunciado contempla su rehabilitación, con medicamentos, alimentos y cuidados especializados, y su eventual adopción o reubicación en refugios certificados.
La alcaldesa Claudia Agatón y la gobernadora Marina del Pilar prometieron “mano dura” contra los responsables y apoyo total para la recuperación de los animales. Pero estas declaraciones, difundidas en redes y medios, contrastan con la lentitud con la que actuaron frente a un problema que tenía años fermentando a la vista de todos.
Este caso evidencia una realidad incómoda: la falta de vigilancia efectiva sobre asociaciones civiles que se presentan como rescatistas, pero operan sin protocolos, sin supervisión y, en muchos casos, sin la más mínima infraestructura sanitaria. También deja al descubierto la necesidad urgente de actualizar y aplicar con rigor los marcos legales de protección animal, con mecanismos de inspección periódica y sanciones efectivas.
Más allá del heroísmo tardío, el caso de Ensenada lanza un mensaje claro: el bienestar animal no puede seguir dependiendo solo de la denuncia vecinal y del activismo voluntario. El Estado debe dejar de actuar como espectador y asumir su responsabilidad reguladora de forma proactiva. Porque mientras eso no ocurra, seguirá habiendo más “razones” para la indignación… y para la tragedia.
