La primera entrega de auditorías de la Cuenta Pública 2024 no solo trae cifras, sino también una radiografía política y operativa del uso del dinero público en el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó montos por aclarar que superan los 660 millones de pesos, resultado de 152 auditorías aplicadas tanto al ámbito federal como a los gobiernos estatales y municipales. Aunque es apenas el 7% del total programado (2,199 auditorías), los hallazgos ya levantan alertas.
El 60% de las irregularidades detectadas se concentran en los estados de la República, principalmente en el gasto federalizado. Más de 413 millones de pesos están bajo la lupa en gobiernos subnacionales, mientras que poco más de 248 millones corresponden a entidades federales. A pesar de esta tendencia, hubo excepciones destacadas: entidades como Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo no registraron montos por aclarar.
El auditor David Colmenares aseguró ante la Comisión de Vigilancia que ya se han recuperado más de 107 millones de pesos, el 90% de ellos provenientes de entidades estatales. Según explicó, estos reintegros a la Tesorería de la Federación son resultado directo de las inconsistencias detectadas, y aunque la función principal de la ASF no es recaudar, la fiscalización efectiva genera este impacto colateral positivo.
En caso de que las observaciones no se solventen dentro de los plazos legales, advirtió Colmenares, se iniciarán las investigaciones, denuncias penales y procedimientos administrativos contra los responsables. El mensaje fue claro: el proceso de revisión no es solo una formalidad, y sus consecuencias pueden escalar al ámbito judicial.
No obstante, el reporte despertó cuestionamientos desde distintos frentes legislativos. El diputado Javier Herrera Borunda (PVEM) consideró preocupante que solo el 13% de las auditorías sean de desempeño, ya que estas permiten evaluar no solo el gasto, sino los resultados obtenidos. Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Salas pidió mayor énfasis en megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, donde —afirmó— apenas se ha auditado el 0.14% del gasto total.
El panista Miguel Ángel Guevara reprochó el menor enfoque en la revisión al Gobierno Federal. En 2018, el 51% de las auditorías se concentraban en este nivel, cifra que hoy apenas alcanza el 30%. En contraste, la morenista Giselle Sander respaldó el nuevo modelo preventivo e integral que la ASF impulsa, destacando la fiscalización total de municipios y sistemas de salud en las 32 entidades.
Detrás de los tecnicismos y porcentajes, lo que está en juego es la confianza ciudadana en la rendición de cuentas y la efectividad del control del gasto público. Que haya estados con “cero por aclarar” y recuperaciones económicas a favor de la federación es una señal alentadora. Pero que se detecten más de 660 millones de pesos en anomalías —en solo el 7% de las auditorías— también indica que el camino de la vigilancia presupuestaria sigue plagado de curvas y opacidad institucional.
