La polémica reforma al Poder Judicial ha entrado en su capítulo final. Tras la jornada electoral del 1 de junio pasado, que registró la más baja participación de los últimos años; con cómputos realizados (no por los ciudadanos, sino por el propio Instituto Electoral), boletas no utilizadas que tampoco fueron inhabilitadas, acordeones para “sugerir” a los ciudadanos por quién votar, y con la emisión de constancias de mayoría, el proceso electoral ahora se encamina hacia el terreno jurisdiccional.
El IEE reportó haber recibido 18 impugnaciones, aunadas a las que anteriormente habían sido interpuestas y que derivaron en la anulación del triunfo de un candidato a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y dos candidatos a jueces penales. Las impugnaciones presentadas son la última batalla legal que cuestiona todo un proceso electoral salpicado por señalamientos a una reforma que deja muchas dudas sobre el profesionalismo, la trayectoria y la independencia de los nuevos perfiles que integrarán las judicaturas emanadas de la pasada elección popular. Deberá ahora analizarse, por las instancias jurisdiccionales electorales, si los requisitos constitucionales exigidos para contender por un cargo en el Poder Judicial fueron satisfechos y debidamente acreditados, particularmente lo relativo a la experiencia que los candidatos pretenden tener en las materias en las que ahora impartirán justicia. Asimismo, se deberá determinar si la selección de personas para contender en la elección -realizada por los comités de evaluación de cada Poder– se hizo con parámetros objetivos y de manera profesional, analizando de forma acuciosa toda la documentación presentada.
Destaca, según se sabe, que las impugnaciones fueron en su mayoría presentadas por personas juzgadoras actualmente en funciones, que no lograron obtener los votos suficientes para hacerse con la constancia de mayoría. Los argumentos que esgrimen van desde evidenciar a los recién nombrados jueces electos como personas que obtuvieron calificaciones mínimas en las evaluaciones técnicas de conocimientos en Derecho, aplicadas por el propio comité del Poder Judicial del Estado, hasta cuestionar -a partir de la documentación proporcionada- si realmente tienen la experiencia necesaria en la materia para la cual fueron postulados y si los promedios generales de sus licenciaturas resultan suficientes para los casos de candidaturas en materias especializadas. Todo ello, sin dejar de considerar -por ser vox populi– que varias de las personas electas tienen cercanía con personajes de la política local, y algunas incluso abiertas y públicas militancias partidistas. Así, en un primer episodio de esta batalla jurídica corresponderá al Tribunal Estatal Electoral determinar si las candidaturas y el proceso electoral cumplieron o no con las exigencias constitucionales. Porque en esta elección tan singular lo que realmente está en juego es la sociedad misma, quien resentirá en carne propia las consecuencias de una justicia que pudiera estar ahora en personas con más méritos políticos que jurídicos.
No obstante, decididas que sean las impugnaciones por el Tribunal Electoral local, no sería esa la última palabra. Aún quedaría una última instancia jurídica por agotar: la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, Nuevo León. Las personas electas cuyos triunfos están siendo cuestionados son: José Luis Villareal Jasso (magistrado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado); César Cisneros Ibarra (juez para el Centro de Justicia Auxiliar); Hugo Abraham Osorio Chairez (juez para el Centro de Justicia Auxiliar); Sandra Ivonne Galindo Delgadillo (jueza en materia mercantil tradicional); Nataly Jazany Melo Franco (jueza en materia mercantil tradicional); Elías Esqueda Rivera (juez en materia mixta); René Jonathan Hernández Gaytán (juez en materia mixta); Martha Montoya Padilla (jueza en materia mixta); Edgar Raúl Tovar Navarro (juez en materia mixta); Daniel Ramírez Gutiérrez (juez en materia penal); Fernando González Femat (juez en materia penal); Héctor Alejandro Andrade Alvarado (juez en materia penal); Guillermo Leonardo Hernández Reyes (juez en materia penal); Andy Nancy Sánchez Navarro (juez en materia penal); Samantha Ortiz Rodríguez (jueza en materia penal); Rogelio Fernández Ramírez (juez en materia penal); Karla María Gallegos Castañeda (jueza en materia laboral); Paola de Jesús López Tello (jueza en materia laboral), y Jorge Alberto Aguirre García (juez en materia laboral).
Los colados por pequeños detalles
Quienes nos comentan que también se colaron como personas juzgadoras al pasárseles por alto pequeños detalles sobre su elegibilidad fueron las siguientes personas:
- Lizzuly Alejandra Esparza Rocha, esposa actual del fiscal especializado en delitos electorales. En su registro del 18 de enero de 2025 ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, omitió incluir sus calificaciones en Derecho Civil II y III (en ambas obtuvo 7), lo que impide alcanzar el promedio de 9 requerido para aspirar a juez Civil. Su título expedido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes confirma que no alcanza el promedio exigido.
- Tomás Huizar Jiménez, hijo de Rosaura Jiménez Armas. Su título de licenciatura en Derecho fue expedido por la UAA el 31 de agosto de 2022 y su cédula tiene fecha del 27 de octubre de 2022, es decir, no ha cumplido tres años de egreso, requisito mínimo para postularse.
- Karie Frausto Rasgado, en su solicitud de registro presentada en enero de 2025 ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, omitió especificar las calificaciones en materias de Derecho Familiar -vinculadas a Derecho Civil-, señalando únicamente un promedio general de 8.6, cuando en las materias clave obtuvo un promedio de 8.4.
¡Ah, la felicidad!
Ya algunos por fin recibieron su constancia y andan muy felices. Al respecto, Rubén Cardona, abogado exlitigante y funcionario de muchos años, no genera duda por su trayectoria. Quien sí la tendrá complicada será Mauricio Alafita, que aunque suma muchos likes en redes sociales, carece de experiencia tanto en el Poder Judicial como en el litigio, lo cual representa un impedimento. No es lo mismo llegar a un puesto como secretario que impartir justicia.
Con estos espacios, el PAN, aunque dijera que no era correcto el proceso, no le quedó más que entrar al juego de las elecciones del Poder Judicial. ¿Qué pasará con el Poder Judicial Federal? ¿Le interesa esto a la ciudadanía? ¿Afectará a largo plazo o se traducirá en mejores resultados? Al tiempo.
Allá no se andan con rodeos
A diferencia del Municipio de la Capital, donde las únicas medidas “preventivas” tomadas por Leonardo Montañez ante el caso del parque fotovoltaico inoperante a cargo de Next Energy ha sido no pagar lo estipulado en el convenio de APP, en Baja California se fueron por la vía penal. Allá, el Gobierno denunció ante la Fiscalía a la empresa, y se reportó la captura de Nabor, directivo de Banca Afirme, acusado de retener más de 123 millones de pesos destinados a dicha planta. Con estos antecedentes, ¿se pronunciará el municipio de Aguascalientes? ¿Denunciarán ante la Fiscalía? ¿No sospechará Montañez que también en el caso local hay hilo negro?
Un bolillo para el susto
En días recientes, locatarios del Centro Agropecuario denunciaron cobros de piso por parte de grupos delictivos. Luego, el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, confirmó que ya se tiene identificado este delito en varios establecimientos del centro. A esto se suman otros hechos: un lote de vehículos fue incendiado; una pareja fue asesinada en el fraccionamiento Ruiseñores en Jesús María; un hombre maniatado fue hallado sin vida en la carretera a La Guayana; armas y droga fueron decomisadas en Vista Alegre y Norias del Ojocaliente. Además, un hombre de 29 años, presunto hermano de la diputada Jetsy Sánchez, fue baleado tras salir del Agropecuario. Todos estos hechos ocurrieron con horas de diferencia y, coincidentemente, durante el Día del Bolillo con Crema, lo que llevó a repartirlos en la Plaza Principal como un intento simbólico de “calmar el susto”. Pero estos acontecimientos son focos rojos que encienden las alarmas en el Gigante de México.
Queremos paz y seguridad
Garantizar la paz y seguridad de las familias no es un acto de caridad ni un lujo presupuestal, sino la columna vertebral sobre la cual descansa cualquier proyecto de crecimiento sostenible. Cuando los niños juegan sin temor y las mujeres regresan a casa con seguridad, florece el tejido social y, con él, la economía local.
La responsabilidad es de todos: autoridades, cuerpos de seguridad y ciudadanía. El Gobierno del Estado cuenta con instrumentos legales y recursos, pero será en la colaboración activa donde se consolide un clima de certidumbre. Aguascalientes enfrenta hoy el reto de transformar sus calles en espacios de confianza. El tema puede politizarse, pero convertir la seguridad en arma de debate solo alimentará antagonismos ya arraigados desde el nivel federal.
