La figura de Julio César Chávez Jr. ha vuelto al centro del huracán mediático y judicial. El excampeón de boxeo mexicano fue detenido el 2 de julio en Los Ángeles por el ICE, acusado de estar vinculado al Cártel de Sinaloa y de violar las leyes migratorias al permanecer en EEUU con una visa de turista vencida. Sin embargo, su situación legal es aún más compleja: desde 2023 existe una orden de aprehensión en su contra emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.
En un escenario que mezcla deporte, crimen y diplomacia, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero ha dado declaraciones contundentes. Confirmó que la defensa de Chávez Jr. ha presentado entre cinco y seis amparos en México para evitar que sea detenido en cuanto pise territorio nacional, lo que considera improcedente porque, según afirmó, “nosotros no lo tenemos en nuestro poder”.
La historia no se limita al acto judicial: es también un juego de tiempos y omisiones. Según Gertz, la FGR solicitó desde hace más de un año la extradición del boxeador, pero las autoridades estadounidenses no respondieron hasta su detención reciente. Durante ese periodo, Chávez Jr. no solo vivía con libertad en EEUU, sino que contrajo matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense que, de acuerdo con el DHS, tuvo una relación previa con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El trasfondo del caso se remonta a una denuncia hecha por el Departamento del Interior de EEUU en 2019 contra 13 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellos Ovidio Guzmán y “El Nini”. En esa carpeta, formalizada en México en 2023, figura el nombre del hijo del Gran Campeón Mexicano. Pese a ello, Chávez Jr. logró ingresar legalmente a EEUU en 2023 con una visa de turista, lo que levanta cuestionamientos sobre el nivel de colaboración bilateral entre agencias de seguridad.
Frente a la tormenta legal, el respaldo familiar no se ha hecho esperar. Julio César Chávez padre ha salido en defensa de su hijo, calificando su detención como una “injusticia” y asegurando que no hay fundamentos sólidos detrás de las acusaciones. “Mi hijo ha tenido sus errores, estaba enfermo… pero de ahí a que esté involucrado con el narco es otra cosa”, declaró ante medios, visiblemente afectado.
Los antecedentes del Junior no ayudan a despejar dudas. Antes de su más reciente pelea contra Jake Paul, Chávez Jr. enfrentó cargos por posesión de un arma fantasma y fue internado en rehabilitación por problemas de adicción. Aunque había retomado su carrera con una victoria en 2024, su presente judicial eclipsa cualquier intento de redención deportiva.
La próxima audiencia en EEUU, programada para el lunes 7 de julio, será clave para definir los pasos de su eventual deportación y el alcance de la justicia mexicana. En un país donde las figuras públicas muchas veces esquivan rendir cuentas, el caso de Chávez Jr. pone sobre la mesa el alcance —y los límites— del Estado de derecho cuando se cruzan poder mediático, lazos familiares y acusaciones de crimen organizado.
