En el ya amplio historial de escándalos de Cuauhtémoc Blanco, ahora se suma una sanción institucional por violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el actual diputado de Morena y exgobernador de Morelos incurrió en este tipo de violencia al excluir a la entonces diputada federal Juanita Guerra de un acto público conmemorativo en mayo de 2023, cuando aún ejercía el poder estatal.
Según la resolución de la Sala Superior, Blanco impidió que Guerra participara en la organización del desfile por el aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla. A pesar de haber sido invitada formalmente, se le negó el acceso al palco principal, así como la instalación de un templete previamente autorizado. Estas acciones, sostuvo el tribunal, constituyen un acto de invisibilización con impacto desproporcionado en el ejercicio de sus derechos políticos, tal como lo expresó el proyecto SUP-REP-218/2025.
La sanción se traducirá en la inscripción de Blanco en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del INE por un periodo de un año y seis meses. Durante ese tiempo, tendrá prohibido competir por cualquier cargo público o candidatura, aunque conservará su curul como diputado federal y su fuero constitucional. Este punto ha causado críticas, especialmente porque el Congreso desechó en marzo una solicitud de desafuero por una denuncia de abuso sexual en su contra, promovida por su media hermana.
La votación del TEPJF no fue unánime. Magistradas como Mónica Soto, Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron a favor de la sanción, mientras que Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se opusieron, argumentando que no se trataba de un caso de violencia política de género. A pesar de los recursos legales interpuestos por Blanco, el tribunal confirmó que no logró aportar pruebas suficientes para refutar las acusaciones.
La denuncia de Juanita Guerra también apuntaba a otros funcionarios del gobierno de Blanco, como Arturo César Millán Torres y Edgar Riou Pérez, quienes también habrían participado en las decisiones que limitaron su participación en el evento público. La resolución incluye a estos exfuncionarios en el padrón de personas sancionadas, reconociendo que la violencia institucional no siempre se ejerce con palabras, sino con actos de exclusión sistemática.
Esta decisión marca un precedente relevante sobre la manera en que se manifiesta la violencia política de género: no solo en los discursos o ataques explícitos, sino también en las estrategias de exclusión que buscan anular la presencia pública de mujeres en espacios de poder. Y aunque Cuauhtémoc Blanco conserve su posición legislativa, el fallo pone en entredicho su viabilidad política a futuro, en un contexto donde la paridad y la visibilidad de las mujeres son principios constitucionales.
