En un mundo que avanza vertiginosamente gracias a la tecnología, la administración pública está llamada a modernizarse y transformarse profundamente. La digitalización gubernamental ya no es solo una opción, sino una necesidad urgente para construir un Estado más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. En este contexto, la implementación de la CURP biométrica representa un elemento clave para avanzar hacia ese modelo de gobierno del siglo XXI.
No se trata solo de una propuesta técnica; estamos hablando de una transformación profunda en la manera en que el Estado reconoce e interactúa con sus ciudadanos. La Clave Única de Registro de Población, que durante décadas ha sido una herramienta administrativa, puede convertirse ahora en una verdadera identidad digital segura y funcional, que incorpore datos biométricos como fotografía, huellas digitales e incluso, en el futuro, reconocimiento facial o firma electrónica avanzada.
Esta nueva CURP tiene el potencial de simplificar una amplia variedad de trámites, prevenir la suplantación de identidad, eliminar duplicidades en los registros gubernamentales y facilitar el acceso de la población a derechos sociales y servicios públicos. En otras palabras, no se trata simplemente de modernizar un documento, sino de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas.
Imaginemos a una madre que necesita inscribir a su hijo en la escuela sin perder horas de trabajo, o a una persona mayor que quiere acceder a su pensión sin tener que desplazarse a una oficina pública. Una CURP biométrica bien implementada puede resolver estos casos de manera rápida, precisa y sin burocracia innecesaria.
Existen ejemplos internacionales que muestran cómo la digitalización de la identidad puede transformar positivamente la relación entre el Estado y la ciudadanía. En Estonia, uno de los países líderes en gobierno digital, el 99 por ciento de los servicios públicos se realizan en línea mediante una identidad digital encriptada. Sus ciudadanos pueden pagar impuestos, renovar su licencia de conducir o votar sin acudir a ninguna ventanilla. Este modelo ha hecho al gobierno más eficiente y ha devuelto tiempo valioso a la población.
En India, el sistema Aadhaar ha registrado a más de mil millones de personas, facilitando el acceso de millones de familias a subsidios y programas sociales de manera directa. En Chile, la cédula de identidad digital ha simplificado la relación entre los ciudadanos y el Estado, generando ahorros administrativos y haciendo más fácil la gestión de trámites desde cualquier parte del país.
México tiene la oportunidad de avanzar en esta dirección. La digitalización no solo mejora la gestión pública, sino que también puede convertirse en una herramienta de justicia social. En un país donde millones de personas enfrentan barreras para acceder a servicios básicos debido a la falta de documentos, la lejanía geográfica o la exclusión digital, una identidad biométrica unificada puede ser un gran igualador. Esta tecnología puede cerrar brechas, acercar al gobierno a comunidades históricamente olvidadas y dignificar el trato ofrecido desde las instituciones públicas.
Para ello, es necesaria una visión clara y responsable. La información biométrica, como huellas, rostros e iris, no puede tratarse como un dato más. Estos datos son irreemplazables y únicos, requiriendo el máximo nivel de protección y un marco normativo actualizado.
México necesita fortalecer los mecanismos de transparencia y supervisión, estableciendo criterios claros para el uso, almacenamiento y transferencia de datos que prioricen a la persona sobre el aparato estatal. La tecnología debe estar al servicio del bienestar y del ejercicio pleno de los derechos.
El ejemplo de la Unión Europea ilustra perfectamente la importancia de las normativas en la protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos otorga a los ciudadanos el derecho a conocer qué información se recopila, cómo se utiliza, a quién se transfiere y cuánto tiempo se almacena. Este tipo de regulación protege la privacidad, fortalece la confianza en los proyectos de innovación pública.
Es esencial construir confianza en este proceso. Las personas deben estar seguras de que su información estará protegida, que no se utilizará para fines políticos ni comerciales, y que tendrán vías efectivas para ejercer sus derechos cuando lo necesiten. La transformación digital necesita tecnología, pero también ética, participación y voluntad democrática.
Además, es fundamental enfrentar el desafío de la brecha digital. Para que la CURP biométrica tenga un impacto real, es imperativo asegurar que todas las personas, independientemente de su condición social, edad o lugar de residencia, tengan acceso a los beneficios de la digitalización. Esto requiere inversión en infraestructura tecnológica, conectividad en zonas rurales, alfabetización digital y apoyo para quienes lo necesiten. La transformación digital será justa si es inclusiva.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica. La CURP biométrica puede convertirse en una herramienta para hacer el Estado más eficiente, pero también más humano, transparente y justo. Esta innovación tiene el potencial de reconstruir la relación entre el gobierno y la ciudadanía, colocando como prioridad lo más valioso que tiene una democracia: la dignidad de cada persona.
Este proyecto no es un proyecto técnico; es político, social y cultural. Transformar la identidad implica cambiar la forma en que el Estado reconoce, atiende y respeta a sus ciudadanos. Es la transformación que el país necesita.
