En un movimiento que divide al Congreso y a la sociedad civil, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —conocida como Ley Antilavado— bajo el argumento de atender los compromisos internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con 349 votos a favor, Morena y sus aliados lograron su aprobación en lo particular, desatando una oleada de críticas por sus implicaciones legales, económicas y de derechos humanos.
La reforma incluye la penalización del financiamiento al terrorismo, redefine conceptos clave como “Persona Políticamente Expuesta” (PPE) y amplía el catálogo de “actividades vulnerables”, abarcando desde bienes raíces hasta criptomonedas. También impone nuevas obligaciones a quienes realizan estas actividades: deben identificar beneficiarios finales, generar reportes y estar bajo la lupa de Hacienda, del SAT y, preocupantemente, de la Guardia Nacional. Esta inclusión de fuerzas armadas en tareas financieras profundiza el proceso de militarización en funciones civiles, sin garantía alguna de capacidad técnica ni mecanismos de rendición de cuentas.
Desde la oposición se advierte que esta legislación podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva, susceptible de usos discrecionales y represivos. Christian Castro Bello (PRI) y Héctor Saúl Téllez (PAN) denunciaron la ambigüedad de la definición de PPE, que incluye no sólo a funcionarios actuales o pasados, sino también a sus vínculos cercanos —familiares, colaboradores o incluso amistades—, abriendo la puerta a un monitoreo sin filtros y con escasos controles judiciales. El acceso gubernamental a datos personales, incluso cuentas bancarias, sin autorización judicial previa, representa una regresión en garantías individuales.
Más allá del plano político, las consecuencias económicas también generan preocupación. La Coparmex advirtió que las exigencias administrativas y tecnológicas podrían desbordar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen el 99% del tejido empresarial en México. Identificar clientes, recopilar información de beneficiarios y generar reportes en tiempo real implica gastos considerables en infraestructura y capacitación, lo que podría incentivar el cierre de negocios o el aumento de la informalidad.
Aunque la reforma responde a observaciones del GAFI y fortalece herramientas contra el crimen organizado, su diseño centralista y punitivo desatiende principios elementales de gradualidad, proporcionalidad y respeto a las libertades civiles. El caso Vector —casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, exjefe de Oficina de AMLO— citado por la oposición en tribuna, ejemplifica cómo la aplicación política o selectiva de estas leyes puede derivar en impunidad para algunos y persecución para otros.
México necesita una legislación eficaz contra el lavado de dinero, pero también necesita equilibrios institucionales. Esta ley avanza en lo primero a costa de lo segundo.
