Una residencia de lujo en The Woodlands, una de las zonas más exclusivas del norte de Houston, se ha convertido en el epicentro de una potencial trama de conflicto de interés y corrupción que sacude a la clase política guanajuatense. El inmueble, valuado en más de un millón de dólares y ocupado por la familia del exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pertenece a Daniel Esquenazi Beraha, relacionista de la empresa Seguritech, beneficiaria de contratos millonarios durante su administración.
El reportaje publicado por POPLab y Connectas desató la controversia: no sólo reveló la ubicación y valor del inmueble, sino su relación directa con uno de los operadores de Seguritech, compañía que acumuló más de 2 mil 800 millones de pesos en contratos desde 2012, incluyendo los sexenios panistas de Miguel Márquez y el propio Sinhue. Buena parte de esos contratos —como el programa de videovigilancia Escudo— fueron clasificados como información reservada.
La gobernadora actual, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reaccionó una semana después del escándalo mediático, anunciando el inicio de una investigación formal a través de la Secretaría de la Honestidad. Aseguró que no protegerá “ni a personas, ni a contratos ni a empresas” y que el objetivo es garantizar transparencia. También dejó claro que su administración no mantiene contratos con Esquenazi, aunque reconoció que el vínculo entre Seguritech y gobiernos anteriores continúa vigente.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción notificó el caso a diversas instancias, incluyendo la Auditoría Superior del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Estas acciones fueron impulsadas por denuncias ciudadanas anónimas que surgieron tras la publicación del reportaje.
A la par, desde la esfera federal, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Diego Sinhue esclarecer su situación. En palabras claras: si un contratista otorga una prebenda como una residencia a un funcionario público, “eso sí se llama corrupción con todas sus letras”. Para la mandataria, el exgobernador debe ser el primero en dar la cara y explicar los hechos.
Por su parte, Diego Sinhue ha negado ser el dueño del inmueble. Mediante una carta pública, aseguró que sus hijas y su esposa viven en Texas por motivos académicos y que habitan una casa rentada. No ofreció más detalles sobre el contrato de arrendamiento ni aclaró si tiene alguna relación personal o profesional con Esquenazi.
Más allá del cruce de versiones, el tema ha puesto en el centro del debate la opacidad con la que se asignaron contratos de seguridad durante su sexenio. Aunque la gobernadora Libia García insiste en que se actuará con responsabilidad y que no se revelará información que comprometa la seguridad pública, también afirmó que se revisará si la reserva de información fue legalmente justificada.
En Guanajuato, donde la violencia y la inseguridad siguen siendo una constante, el escrutinio público sobre los contratos de videovigilancia no es menor. La ciudadanía exige rendición de cuentas, no sólo por el gasto, sino porque en términos prácticos, los resultados de estas inversiones han sido cuestionables. La “casa azul” no solo simboliza una posible red de favores entre funcionarios y empresarios, sino una desconfianza profunda hacia la transparencia institucional.
El caso continúa bajo investigación. Por ahora, el silencio del exgobernador y las promesas de esclarecer los hechos mantienen en vilo a la opinión pública. El desenlace —si llega— podría marcar un parteaguas en cómo se enfrentan los posibles actos de corrupción en una de las entidades más violentas, pero también más opacas, del país.
