El Senado estadounidense ha reculado en su intención inicial de imponer un impuesto de 3.5% a las remesas físicas que los migrantes envían a sus países de origen, bajando el gravamen al 1%. La medida, incluida en el megaproyecto legislativo impulsado por republicanos afines a Donald Trump, representa una reducción significativa, aunque no exenta de tensiones diplomáticas y preocupaciones sociales.
La propuesta fue presentada por el senador Lindsey Graham como parte de la iniciativa One Big Beautiful Law, y sustituye versiones más agresivas, como la del senador Eric Schmitt, que planteaba un impuesto del 15%. En su redacción más reciente, el proyecto establece que el impuesto aplicará únicamente a envíos físicos de dinero —como efectivo, cheques o giros postales—, dejando exentas las transferencias electrónicas.
Este ajuste no es menor: excluye del gravamen al 99% de las remesas enviadas desde EE.UU. hacia México, según cifras de Banxico. Tan solo en 2024, de los más de 16 mil millones de dólares enviados en remesas, más del 96% se transfirieron de manera electrónica. Aun así, la inclusión de cualquier impuesto mantiene un carácter simbólico fuerte en la narrativa antimigrante que sostiene la administración trumpista.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reducción del impuesto como un logro de la comunidad migrante, destacando que fue el resultado de la presión ciudadana, especialmente de personas con doble nacionalidad que enviaron cartas a sus representantes en el Senado estadounidense. La mandataria también anunció un programa de reembolso del 1% a quienes decidan enviar remesas en efectivo, a través de la Tarjeta Finabien.
Pero la historia no termina con el ajuste porcentual. El impuesto, aunque reducido, es parte de un megaplán presupuestario con implicaciones migratorias de gran escala. Según Politico, los fondos recaudados se integrarían a una bolsa de 350 mil millones de dólares que financiaría las prioridades de seguridad fronteriza de Trump: más agentes del ICE, centros de detención con capacidad ampliada y un renovado impulso al muro fronterizo. La meta es clara: ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia de EE.UU.
El cambio de 3.5% a 1% puede parecer menor en cifras, pero encierra una disputa mayor sobre los derechos de las comunidades migrantes y las prioridades políticas del país receptor. Analistas citados por El Universal señalan que cualquier impuesto a las remesas es regresivo, impacta a los sectores más vulnerables, y podría ir en contra de tratados internacionales como el acuerdo bilateral contra la doble tributación de 1994.
Además, el solo anuncio del posible gravamen ha tenido efectos: en abril, las remesas hacia México cayeron 12%, el descenso más fuerte desde 2012. El factor Trump, con sus políticas impredecibles, sigue generando incertidumbre entre quienes sostienen parte importante de la economía mexicana desde el exterior.
En suma, aunque el Senado estadounidense moderó su postura al reducir el impuesto del 3.5% al 1%, la decisión mantiene una carga simbólica y operativa significativa. Más que un gesto recaudatorio, la medida funciona como engranaje de una maquinaria político-migratoria que sigue viendo en los migrantes una amenaza más que un vínculo económico vital.
