Una nueva mancha se suma al mapa de la inseguridad en México: 33 toneladas de concentrado de oro y plata desaparecieron en una operación delictiva ejecutada con precisión quirúrgica. La escena no ocurrió en una mina abandonada ni en un rincón olvidado del país, sino en plena carretera Durango-Puerto Manzanillo, una de las principales rutas logísticas para la exportación de minerales.
El asalto fue perpetrado por un comando armado que, a bordo de dos vehículos blancos con vidrios polarizados, interceptó un tractocamión de la empresa Fletes Durango S.A. de C.V. La unidad transportaba un cargamento valuado en varios millones de dólares, propiedad de Grupo Minero Bacis. Los delincuentes neutralizaron a los guardias de seguridad, sometieron al chofer y los mantuvieron retenidos por más de una hora y media antes de dejarlos en libertad cerca de la caseta de Chapala, donde pudieron contactar a la Guardia Nacional.
Aunque el tractocamión fue recuperado, la góndola con el concentrado de metales preciosos —el verdadero botín— permanece desaparecida. No hubo heridos, pero sí consecuencias económicas y logísticas inmediatas: la empresa suspendió operaciones para resguardar a su personal, una decisión que, en sus palabras, “deteriora el giro del negocio minero y los ingresos al país”.
Grupo Minero Bacis, con sede en Durango y dirigida por José Jaime Gutiérrez Núñez, ha sido enfática al declarar el impacto del robo, no sólo en términos económicos, sino también reputacionales. La firma extrae y comercializa oro y plata tanto en México como en el extranjero, y este golpe pone en evidencia lo frágil que resulta la cadena logística minera en un país donde la delincuencia organizada parece operar con impunidad.
La comparación con otro atraco reciente es inevitable. En octubre de 2024, también se robó un cargamento similar en Zacatecas: seis góndolas con metales valiosos fueron sustraídas de la Mina Peñasquito, operada por la multinacional Newmont Corporation. La diferencia es que, en aquel caso, la víctima fue una firma global; esta vez, se trata de una empresa nacional. El mensaje es claro: ningún actor minero, sin importar su origen, está a salvo.
Además del valor monetario —aún por estimar con exactitud, pero presumiblemente en millones de dólares—, el robo subraya un problema estructural. México ocupa la posición 74 en el Índice de Atracción Minera del Instituto Fraser, y la inseguridad es uno de los principales factores por los que inversionistas extranjeros evitan al país. Robos como este no solo desangran las finanzas de una empresa; minan la confianza en el Estado de derecho y la capacidad gubernamental de garantizar la seguridad en sectores clave de la economía.
Pese a que la Guardia Nacional ha iniciado un operativo para dar con los responsables, no se han reportado detenidos ni avances sustanciales. Mientras tanto, la góndola sigue sin aparecer, y el silencio institucional solo amplifica la incertidumbre. El oro y la plata pueden estar en tránsito hacia otro país, fundiéndose en el mercado negro, o en alguna bodega custodiada por el crimen organizado.
