En medio de las reformas a la Ley General de Población y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una nueva interrogante institucional: ¿la CURP biométrica reemplazará a la credencial para votar? Aunque la reforma establece que la CURP con datos biométricos —huellas y fotografía— será “el documento nacional de identificación” de aceptación universal, el INE asegura que, por ahora, no hay una directriz clara que indique el fin de su actual función como emisor de credenciales electorales.
Tanto los consejeros Jorge Montaño como Uuc-kib Espadas reconocieron que no tienen certeza sobre si esta CURP evolucionará hacia un documento electoral. Montaño fue enfático: “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad es el INE”.
Sin embargo, el panorama es más complejo. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) ya inició un análisis solicitado por el propio INE para evaluar el impacto que tendría la nueva CURP biométrica sobre la credencial para votar. Entre las preguntas en el aire: ¿la CURP reemplazará al INE como fuente confiable de identificación?, ¿cómo se garantizará la protección de los datos personales?, ¿qué consecuencias tendría para el padrón electoral?
El consejero Jaime Rivera indicó que uno de los focos del análisis será comparar las garantías de protección de datos entre ambos sistemas, y valorar si el INE debería desarrollar su propia credencial digital. Aunque todavía no hay una ruta trazada, el instituto se anticipa a una posible transición o coexistencia.
Por su parte, Norma de la Cruz, también consejera electoral, advirtió que la facultad del INE de emitir la credencial de elector debe mantenerse. En contraste, el representante de Morena, Jaime Castañeda, propuso que ambas identificaciones puedan coexistir, siempre que se garantice la transparencia y la protección de derechos ciudadanos.
Otro aspecto que permanece sin cambios —aunque a menudo se omite en el debate— es el uso de datos biométricos por parte del INE en colaboración con fiscalías estatales. Tanto Espadas como Montaño aclararon que, desde hace años, existen convenios para compartir datos con el fin de identificar personas desaparecidas o en estado irreconocible.
En ese sentido, la reforma no inaugura esta práctica, sino que la institucionaliza con un mayor alcance, al buscar que la CURP biométrica sea el punto de articulación de todas las bases de datos, públicas y privadas, bajo los principios de la Ley General de Protección de Datos Personales.
Mientras la CURP biométrica toma forma como potencial identidad única en México, el INE mantiene su postura: no hay indicios de que su credencial para votar esté en riesgo de desaparición inmediata. No obstante, el debate ya no es solo técnico, sino político y constitucional: ¿puede el Estado mexicano centralizar toda la identidad civil en una sola clave sin desdibujar los contrapesos institucionales? Más que una reforma de papel, se trata de una redefinición del pacto entre ciudadanía y Estado en la era de los datos.
