El 3 de julio de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó las constancias de mayoría a jueces y magistrados electos durante la primera elección judicial celebrada en México. En medio de lo que se presentó como un avance democrático —una “transformación cultural” según la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala—, dos nombramientos despertaron controversia por sus vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo: Madián Sinaí Menchaca Sierra y Eluzai Rafael Aguilar.
Ambas resultaron electas en Jalisco, donde ejercerán funciones en juzgados de materia administrativa y penal, respectivamente. Pero más allá de sus perfiles técnicos, su cercanía con una organización religiosa cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple condena en EEUU por abuso sexual a menores, tráfico de personas y distribución de pornografía infantil, ha encendido alertas. Tanto Menchaca como Aguilar son hijas de obispos prominentes de esa iglesia —uno de ellos incluso abogado defensor del líder condenado— y han trabajado o estudiado en instituciones bajo control de la organización.
Aunque las juezas electas han pedido respeto a sus creencias y señalan que sus cargos no deben ser condicionados por su fe, el contexto no es menor. Eluzai Rafael Aguilar fue maestra en Hermosa Provincia, una red educativa directamente vinculada al liderazgo de Naasón. Madián Menchaca, por su parte, fue asesora parlamentaria de Morena en Jalisco y es hija del obispo que sucedió a Joaquín García en la estructura eclesial. Las dos evitaron dar declaraciones a la prensa, e incluso salieron por puertas traseras del evento de entrega.
La organización Defensorxs y otros colectivos de derechos humanos han expresado preocupación no por la fe de las juezas en sí misma, sino por la posibilidad de que sus decisiones puedan estar condicionadas por lealtades institucionales o ideológicas ligadas a una estructura acusada de encubrimiento sistemático de abusos. Además, ambas fueron las únicas candidatas registradas para los cargos que ahora ocuparán, lo que cuestiona el nivel real de competencia democrática en el proceso.
El discurso institucional del INE ha subrayado que la elección judicial es una victoria ciudadana, una muestra de que la legitimidad del poder judicial proviene ahora del voto y no del nombramiento discrecional. Sin embargo, casos como este ponen a prueba el ideal democrático: ¿basta con la voluntad popular para garantizar una justicia imparcial, especialmente cuando las opciones fueron limitadas y la vigilancia pública, casi inexistente?
Lejos del discurso grandilocuente sobre la refundación del poder judicial, este episodio recuerda que el diseño de una democracia también se juega en los márgenes. Y que el espejo de la historia, como dijo Taddei, no sólo refleja lo que se quiere ver, sino también lo que aún no se ha querido reconocer.
