En una de esas historias que parecen armadas para una docuserie de crimen y celebridades, Julio César Chávez Jr., heredero de una leyenda del boxeo mexicano, ha desaparecido del radar legal y mediático. Luego de ser detenido el pasado 2 de julio por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Studio City, California, el boxeador debía comparecer ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para una audiencia relacionada con un caso previo de posesión ilegal de armas. No se presentó. Y lo más preocupante: ni su abogado sabe dónde está.
Michael Goldstein, su defensor legal, declaró a USA Today que desconocen por completo su paradero actual. La última pista lo situaba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero desde entonces no ha habido confirmaciones oficiales ni registro público de detención. En palabras del propio Goldstein: “No tenemos ni idea”.
Chávez Jr. enfrenta un cúmulo de problemas legales. Por un lado, la audiencia del 7 de julio buscaba evaluar su posible liberación anticipada de un programa de rehabilitación iniciado tras ser arrestado por posesión ilegal de armas de asalto en enero de 2024. Por otro lado, enfrenta un proceso de deportación acelerada impulsado por el DHS, tras exceder la vigencia de su visa de turista y presentar irregularidades en su solicitud de residencia permanente, basada en su matrimonio con Frida Muñoz, viuda del hijo asesinado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Pero el verdadero peso del caso radica en la orden de aprehensión que Chávez Jr. tiene vigente en México desde marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. Esta deriva de una investigación iniciada en 2019, a raíz de una denuncia estadounidense contra el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala no solo como colaborador, sino como “ajustador de cuentas” del cártel, en particular de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”.
Las relaciones personales del boxeador tampoco ayudan a su defensa pública: su vínculo matrimonial lo conecta con la familia de “El Chapo”, y él mismo ha expresado públicamente una relación amistosa con Ovidio Guzmán, “El Ratón”. A esto se suma una serie de antecedentes penales: desde conducir bajo influencia en 2012 hasta detenciones por posesión de armas en 2023 y 2024.
La ausencia en la audiencia de julio llevó a la jueza Neetu S. Badhan-Smith a reprogramar la cita para el 21 de agosto. Pero la incertidumbre sobre su paradero ha escalado a nivel binacional. Mientras las autoridades mexicanas, en voz del fiscal Alejandro Gertz Manero, acusan a Estados Unidos de haber ignorado durante más de un año sus solicitudes de detención, en EE.UU. el ICE y el DHS mantienen silencio.
En este tablero legal internacional, Chávez Jr. ha dejado de ser solo una figura del deporte para convertirse en un símbolo de los agujeros del sistema judicial transfronterizo. No está claro si su caso terminará con una extradición ejemplar o con otra desaparición mediática más. Pero lo que sí queda claro es que, hoy por hoy, su mejor golpe ha sido desaparecer sin dejar rastro.
