Hablando de discapacidad
La numeralia de la discapacidad en México: una radiografía pendiente de inclusión real
En México, hablar de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos requiere, antes que nada, reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, no como objetos de asistencialismo. Sin embargo, la numeralia reciente revela una realidad desigual, estructuralmente excluyente y apenas paliada por políticas públicas fragmentadas, que muchas veces están más enfocadas en lo simbólico que en lo transformador. Hoy quiero invitarte a un recorrido por los números duros y sus implicaciones, porque detrás de cada cifra hay una persona, una historia y, muchas veces, una deuda.
La numeralia reciente: ¿cuántos somos?
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México existen 8.8 millones de personas con discapacidad, es decir, el 7.2 % de la población de 5 años y más. Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2020 reporta 6.18 millones, equivalente al 4.9 %. Esta diferencia no es menor y está relacionada con los distintos criterios de medición: mientras la ENADID se basa en niveles de funcionalidad, el censo es más restrictivo. Pero si sumamos a quienes tienen limitaciones funcionales y problemas de salud mental o psicosocial, llegamos a una cifra cercana a los 20.8 millones de personas, es decir, el 16.5 % de la población.
Más allá de las metodologías, lo que nos dicen estos datos es claro: entre uno de cada seis y uno de cada trece mexicanos vive con una discapacidad o alguna forma de limitación funcional. Esta población está sobrerrepresentada en indicadores de pobreza, exclusión educativa y marginación laboral. Veamos cómo se cruzan estas realidades.
Educación: la desigualdad desde el aula
Uno de los aspectos más preocupantes es el acceso a la educación. De acuerdo con el INEGI, el 30.9 % de las personas con discapacidad de 15 años y más no sabe leer ni escribir. Esta tasa de analfabetismo es casi cinco veces mayor que la media nacional. Además, solo el 15.7 % ha alcanzado la educación media superior o superior, mientras que en la población general ese porcentaje es de alrededor del 39 %.
Esta exclusión educativa no es casual, sino consecuencia directa de un sistema que sigue pensando en la “integración” en lugar de en la educación inclusiva, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las barreras arquitectónicas, la falta de ajustes razonables, de materiales accesibles y de capacitación docente continúan siendo comunes, especialmente en zonas rurales.
Trabajo: la deuda histórica del acceso laboral
La inclusión laboral es otra de las grandes ausencias. Según el INEGI (ENADID 2023), solo el 39.6 % de las personas con discapacidad en edad laboral participan en alguna actividad económica, comparado con más del 60 % de la población general. Esta brecha es aún más amplia si se considera el acceso a empleos formales, prestaciones o condiciones laborales dignas.
En muchos casos, la discapacidad sigue siendo vista como una “condición de inactividad”, como si la persona fuera incapaz de producir o aportar valor. En realidad, el problema es la inaccesibilidad de los entornos laborales, los prejuicios sociales y la falta de políticas de inclusión obligatorias, fiscalizadas y con perspectiva interseccional.
Pobreza y exclusión social
No es casual que las personas con discapacidad estén sobrerrepresentadas en los sectores de mayor vulnerabilidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha documentado que la pobreza multidimensional afecta al 48.4 % de las personas con discapacidad, cifra superior al promedio nacional.
En el desglose por carencias sociales destacan la falta de acceso a servicios de salud, educación y seguridad social, configurando una especie de “círculo vicioso” donde la discapacidad y la pobreza se retroalimentan.
Además, muchas familias asumen solas los costos de dispositivos, medicamentos o terapias de rehabilitación debido a la fragmentación del sistema de salud y a la baja cobertura de los Centros de Rehabilitación Integral (CRI), que son escasos o inaccesibles en buena parte del país.
Rehabilitación: un derecho, no un favor
Pese a que la rehabilitación es reconocida como un derecho dentro del marco legal mexicano, el acceso real es limitado. En muchos estados no existe cobertura universal ni programas sostenidos de rehabilitación comunitaria. Aunado a ello, la atención sigue centrada en un modelo médico-asistencial, donde lo importante es “mejorar la funcionalidad”, y no necesariamente garantizar el ejercicio pleno de derechos.
Muchas veces, las personas con discapacidad solo acceden a servicios de rehabilitación por la vía de la beneficencia o el voluntariado, perpetuando la idea de que su bienestar depende de la buena voluntad de otros y no de un Estado garante de derechos.
Análisis crítico: entre datos y decisiones
Lo que más preocupa no es solo la numeralia, sino la escasa capacidad del Estado para convertir esos datos en políticas públicas estructurales. En lugar de diseñar programas con enfoque interseccional, participativo y basado en evidencia, seguimos viendo iniciativas desarticuladas, muchas veces sin presupuesto suficiente o sin mecanismos de evaluación.
Las estadísticas están ahí. Las recomendaciones internacionales también. Pero mientras no se garantice la participación directa de las personas con discapacidad en el diseño de políticas, seguiremos hablando de inclusión desde los escritorios y no desde la vida real.
La numeralia que hoy presentamos es una fotografía precisa de la exclusión estructural. Pero también es un llamado urgente para quienes diseñan leyes, programas, presupuestos y discursos. Que no se atrevan a ignorar estos números, porque ignorarlos es ignorar a millones de personas. Y eso ya no es opción.
Ricky Martínez
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