Una vez más, el “yo no sabía” se convierte en estrategia política de defensa. Esta vez le tocó al exsecretario de Gobernación y actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien intentó lavarse las manos del escándalo que envuelve a su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
“La verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El “nadie sabía” de siempre
Según el propio Adán, se enteró de la existencia del grupo criminal La Barredora —al que presuntamente pertenece Bermúdez— hasta que ya estaba en la Ciudad de México como secretario de Gobernación. Es decir, durante su gobierno en Tabasco, jamás escuchó de este grupo ni de los posibles nexos del jefe de seguridad con el crimen organizado.
“La primera vez que yo escuché hablar de un grupo como La Barredora fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México… a raíz de unas supuestas filtraciones, de lo que se llama Guacamaya Leaks”, explicó.
Una declaración que suena más a excusa predecible que a explicación real. Porque, ¿de verdad un gobernador no tiene información sobre los grupos que operan en su propio estado?, ¿de verdad nunca hubo sospechas, alertas, reportes? Porque por ahí dicen que La Barredora era un secreto a voces que todo Tabasco conocía.
El historial de cómo llegó Bermúdez al cargo
El propio Adán Augusto relató cómo fue que terminó nombrando a Hernán Bermúdez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Primero intentó con Jorge Aguirre, a quien heredó de la administración anterior, pero al no ver resultados lo removió. Luego vino Ángel Mario Martínez, quien renunció por “no aguantar la presión”.
Finalmente, nombró a Bermúdez, quien ya trabajaba en la Fiscalía y tenía años de experiencia en temas de seguridad. Según López, lo conocía de tiempo atrás y confiaba en él. Eso sí, insiste en que nunca hubo señales de alerta.
“Lo conocí desde hace muchos años. Era un policía con trayectoria, fue director general de Seguridad Pública”, recordó, como si eso bastara para eximirlo de cualquier responsabilidad en el nombramiento.
Pero si lo conocía desde hace tanto y trabajaba en seguridad desde hace años, ¿cómo es posible que nadie detectara vínculos irregulares? ¿No es eso justamente lo que debería investigar quien está a cargo del estado?
Del escándalo… pero sin consecuencias políticas
Pese a la gravedad del caso, Adán Augusto no piensa dejar su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Es más, parece no sentir ninguna responsabilidad política en el asunto. “Me designaron por los seis años que dure la Legislatura… mantener el diálogo con los grupos parlamentarios no es fácil”, dijo, en una especie de defensa de sus otras labores.
Pero aquí no se trata solo de hacer bien el trabajo legislativo. Se trata de asumir responsabilidad política por las decisiones tomadas como gobernador, sobre todo cuando una de esas decisiones derivó en el nombramiento de un presunto operador del crimen organizado en el área más sensible de cualquier gobierno: la seguridad pública.
Hasta ahora, no se han dado detalles sobre la localización de Bermúdez, pero su nombre ya aparece en la lista de los más buscados. Mientras tanto, el caso sigue manchado por el clásico argumento de la ignorancia, una fórmula usada una y otra vez por funcionarios que, cuando las cosas salen mal, “no sabían nada”.
El problema es que estos deslindes no son inocentes: construyen impunidad. Si nadie ve, nadie oye y nadie sospecha, entonces nadie responde. Y así, seguimos sumando nombres a la lista de funcionarios que nombran, respaldan y luego se lavan las manos.
