La extorsión ha dejado de ser un delito invisible. Se ha vuelto un mecanismo cotidiano de violencia económica que no distingue entre pequeños comerciantes, agricultores o empresarios turísticos. Para hacerle frente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado su primer gran ofensiva de seguridad: la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan que, más allá del nombre técnico, busca cerrar el cerco a una práctica que opera desde cárceles, calles y cuentas bancarias.
El anuncio vino de la mano del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien presentó un enfoque integral sustentado en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. El diseño incluye tanto labores de inteligencia como operativos específicos y reformas legales. Aunque la extorsión es un delito del fuero común, Harfuch insistió en que “requiere una respuesta nacional”. Y con razón: según cifras presentadas, el 66 % de los casos se concentra en solo ocho entidades —Edomex, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán—, siendo el Estado de México el más afectado, con más de dos mil carpetas de investigación abiertas.
La estrategia se articula en ejes claros: creación de Unidades Antiextorsión locales; uso del 089 como número exclusivo para denuncias anónimas; capacitación de operadores para identificar tipos de extorsión; campañas preventivas; y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas sospechosas. Todo, con apoyo directo de las secretarías de Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR y gobiernos locales.
Pero el problema no solo está en las calles. Muchas extorsiones provienen de call centers instalados dentro de penales. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, estos centros de operación están plenamente identificados y se implementarán operativos sorpresa para decomisar teléfonos celulares y cerrar esos espacios de impunidad. Además, se convocará a todas las fiscalías estatales el 1 de agosto para establecer un sistema común de información, registro y denuncia.
En paralelo, el gobierno busca alianzas con el sector privado. Harfuch adelantó que habrá convenios con bancos, tiendas de conveniencia y hoteles para capacitar a cajeros y recepcionistas. El objetivo: detectar depósitos a cuentas de extorsionadores y prevenir los llamados secuestros virtuales, una modalidad cada vez más común.
Las cifras y operativos recientes respaldan el diagnóstico: solo en las últimas semanas, se han reportado detenciones clave en Michoacán, Tabasco, Edomex, Zacatecas y Jalisco. Los casos van desde el cobro de piso a productores de limón hasta redes que operaban desde cárceles para coordinar secuestros y extorsiones telefónicas. En Morelia, por ejemplo, tres personas fueron capturadas in fraganti, mientras cobraban. En Tulum, se detuvo a presuntos narcomenudistas implicados también en extorsión.
Este nuevo despliegue institucional plantea una paradoja: aunque por años se consideró un delito menor y local, la magnitud y sistematicidad del fenómeno extorsivo hoy ameritan una respuesta con sello federal. La propuesta de reformar el marco legal para federalizar el delito está en análisis, como anticipó Gertz. Pero mientras tanto, el mensaje desde el gobierno es claro: habrá cero tolerancia.
La lucha contra la extorsión en México se ha convertido en una prueba de fuego para la administración entrante. Lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la dignidad económica de millones que viven bajo amenaza.
