Libertad de expresión en asedio
En una reciente entrevista, el ex senador panista Roberto Gil Zuarth, advirtió con preocupación el asedio que enfrenta la libertad de expresión en México, en estos días.
En las sociedades actuales, incluida la nuestra, dijo, la censura y autocensura son el pan de cada día. Una originada por el castigo y presión de una autoridad, y la otra provocada por el temor y el adoctrinamiento social.
La nueva Ley de Telecomunicaciones, sostiene Gil Zuarth, busca en el fondo regresar al modelo que otorga al gobierno el control absoluto sobre las concesiones de radio y televisión, y ahora también sobre las plataformas digitales.
Ese control, por supuesto, representa más poder del Estado sobre contenidos, medios y, por ende ,sobre la libertad de expresión.
En otro espacio de comunicación, el escritor y analista Héctor Aguilar Camín recordó hace poco el caso de la ciudadana Karla Estrella, quien fue condenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) a disculparse por las expresiones realizadas en su cuenta de “X”, en donde criticaba a la diputada federal, Karina Barreras.
En éste y en otros casos, dice Aguilar Camín, se ha usado el delito de violencia política de género de forma retorcida, para censurar e intimidar. Y es que el mismo delito, como sabemos, fue el que le imputaron al columnista Héctor de Mauleón por una columna publicada en un conocido diario de circulación nacional, para intentar censurarlo.
Por ello, en muchos sectores, espacios y, por supuesto, medios de comunicación se ha puesto sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿Está en riesgo la libertad de expresión en México?
Bueno, uno de los argumentos que puede explicar lo que estamos viviendo en nuestro país tiene que ver con la concentración, uso y abuso de poder, el influyentismo y el aumento de casos de persecución de políticos sobre ciudadanos.
El caso más emblemático es el del ciudadano Carlos Velázquez de León, quien fue obligado a disculparse públicamente en los salones de la Cámara alta, luego de increpar al senador Gerardo Fernández Noroña en el aeropuerto internacional y en consecuencia ser denunciado por el funcionario.
Pero volviendo al marco normativo, en la última década han aumentado las iniciativas para sancionar penal y electoralmente las expresiones que integran la opinión pública, ya sea en medios tradicionales o en las redes sociales.
Ejemplo de ello es la iniciativa del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para modificar el Código Penal del estado y perseguir con cárcel a quien profiera diferentes opiniones y contenidos en redes sociales.
Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, en México se respeta y se respetará la libertad de expresión. El objetivo central de la iniciativa es fortalecer al sector.
Sin embargo, esa nueva Ley de Telecomunicaciones, a la que se refiere Gil Zuarth, faculta al gobierno para pedir a las empresas del sector los datos personales de las y los mexicanos e incluso su geolocalización. El gobierno, pues, contará con el perfil digital, con los patrones de consumo y, en general, con la información de cada persona, para usarla a su conveniencia.
¿Pero quién podría dudar de la buena intención de una autoridad, al momento de usar la información, la vigilancia y las leyes de cara a la sociedad?
