La mañana del 6 de julio de 2025, un hombre fue encontrado sin vida en la zona de estiramientos del gimnasio Smart Fit en Atizapán de Zaragoza. El hecho, reportado inicialmente por el periodista Carlos Jiménez, elevó a siete el número de muertes registradas en esta cadena de gimnasios entre 2024 y lo que va de 2025, cuatro de ellas ocurridas solo este año. La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar si hubo negligencia o falta de atención oportuna. Mientras tanto, la empresa se limitó a declarar que el usuario recibió primeros auxilios por parte de su personal “capacitado”.
Pero los antecedentes ponen en duda ese “protocolo”. La historia reciente de Smart Fit en México revela un patrón repetido de emergencias mal manejadas, tiempos de respuesta cuestionables y falta de presencia médica profesional. Usuarios, testigos y familiares han señalado omisiones constantes, desde el caso de Ailene S., de 20 años, que colapsó en febrero de 2024 sin recibir atención inmediata, hasta el de Reina Sabas en mayo de 2025, cuya muerte dio pie a protestas digitales bajo la etiqueta #JusticiaParaReina.
¿Qué tienen en común estas muertes?
Más allá de las edades variadas o las sucursales distintas —de Iztapalapa a Plaza Tlatelolco, pasando por Cuautitlán Izcalli y Parque Tepeyac—, todas comparten un contexto de precariedad institucional: Smart Fit no cuenta con médicos de planta, y los entrenadores o recepcionistas son quienes aplican primeros auxilios con escasa o nula preparación. En varios casos, los reportes indican que hubo improvisación en la atención y retrasos en llamar a emergencias. En una industria que presume eficiencia, estos incidentes revelan una inercia corporativa peligrosa.
Regulación que llega tarde (y aún no llega)
La legislación vigente en la Ciudad de México (artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles) exige “personal preparado para prestar asistencia médica”, pero no obliga la presencia de paramédicos en cada turno. Esta ambigüedad ha permitido a cadenas como Smart Fit deslindarse parcialmente de responsabilidades legales. Aunque existen iniciativas de reforma —como las impulsadas por los diputados Ricardo Rubio (PAN) y Pedro Haces Lago (Morena)— para obligar a los gimnasios a tener paramédicos certificados, desfibriladores y protocolos visibles, ambas propuestas siguen en análisis.
¿Y los contratos? Tampoco ayudan.
Smart Fit incorpora en sus contratos cláusulas donde los usuarios declaran estar en óptimas condiciones de salud y deslindan parcialmente a la empresa de responsabilidad por accidentes. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México ha aclarado que tales cláusulas no eximen a la empresa si se comprueba omisión deliberada o negligencia en la atención médica.
Entre la imagen saludable y la realidad negligente
Lo preocupante es que, pese a los casos documentados y los cuestionamientos públicos, la empresa mantiene una postura defensiva: afirma haber seguido los protocolos, pero no transparenta qué tipo de capacitación reciben sus empleados ni qué medidas ha tomado tras las muertes. En otras palabras, Smart Fit se ejercita bien en relaciones públicas, pero sigue fuera de forma en su capacidad de responder a emergencias reales.
Mientras los gimnasios se promueven como espacios de bienestar, cada nuevo fallecimiento expone las grietas estructurales de un modelo de negocio que prioriza la expansión sobre la seguridad. En un país donde un gimnasio puede operar con más influencers que paramédicos, la regulación no puede seguir haciendo cardio legislativo sin avanzar.
