En medio de las crecientes preocupaciones sobre privacidad digital, el gobierno de Claudia Sheinbaum salió a calmar las aguas y defender la nueva Ley de Telecomunicaciones, recientemente aprobada en el Senado. Según José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la reforma no abre la puerta al espionaje ni a la censura. Pero, aunque suene tranquilizador, uno ve cositas y dice mmm.
Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, defendió la Ley de Telecomunicaciones
Desde Palacio Nacional, Peña Merino aseguró que la ley no representa ninguna amenaza para la ciudadanía. “El gobierno ni espía, ni censura”, dijo con firmeza. Agregó que los artículos que más han provocado alarma —el 182 y 183 del nuevo dictamen— ya existen desde 2014, solo que con diferente número. O sea, nada nuevo bajo el sol… aparentemente.
Explicó que estos artículos únicamente obligan a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades de justicia y seguridad, pero siempre bajo mandato judicial, como marca el artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
No plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador ni a la Agencia, señaló el funcionario.
Pero la preocupación sigue…
Aunque el discurso oficial insiste en que no hay nada que temer, lo cierto es que no se puede ignorar el contexto. México no es precisamente un país con antecedentes impecables en cuanto al respeto a la privacidad digital. Casos como el uso de Pegasus siguen frescos en la memoria colectiva, y la confianza en que “todo se hará como dice la ley” no es precisamente alta.
Sí, los artículos en cuestión hablan de autorización judicial y procedimientos legales. Pero como bien han señalado organizaciones como R3D, el problema no siempre está en lo que dice la ley, sino en cómo se aplica… y en qué manos queda la información sensible de millones de personas.
Mientras se pide confianza en el uso correcto de estas herramientas, faltan explicaciones claras sobre cómo se garantizará que no haya abusos. ¿Qué mecanismos habrá para auditar el uso de esta información? ¿Cómo se informará a los ciudadanos si sus datos son utilizados en una investigación? ¿Qué sanciones reales habrá en caso de filtraciones o usos indebidos?
La ley no responde con precisión a estas preguntas, y eso deja un espacio incómodo entre el discurso oficial y la realidad de un país donde la vigilancia ya ha sido usada, en más de una ocasión, contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Modernizar el marco legal en materia digital es necesario, sí. Pero si se quiere de verdad generar confianza, se necesita más que un “no espío, te lo juro” desde la mañanera. Se necesita transparencia, control ciudadano, y garantías reales de que las herramientas del Estado no se conviertan en un arma de doble filo.
