En México, la rendición de cuentas en el financiamiento partidista acaba de pasar por una prueba que no dejó indiferente a nadie. El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso inicialmente multas por más de 65 millones de pesos a partidos políticos por omisiones fiscales entre 2015 y 2022. Sin embargo, en una jugada de último minuto, esa cifra se redujo a menos de la mitad: 31.9 millones de pesos, gracias a documentación presentada fuera de tiempo —pero finalmente aceptada— por los partidos involucrados, principalmente Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La reducción no fue menor: 33.2 millones de pesos en sanciones quedaron condonados luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE admitiera oficios del SAT, presentados al filo de la sesión del Consejo General. Como reportó Reforma, solo estos tres partidos aliados de la llamada 4T fueron beneficiados con el perdón fiscal, lo que provocó reacciones inmediatas de la oposición.
Entre los datos más controvertidos: Morena pasó de una sanción de 60 millones de pesos a apenas 2 mil 74 pesos. El PT también fue favorecido con una reducción que lo dejó con una multa final de 13.3 millones, y el PVEM, de 7.9 millones a sólo 283 mil pesos. En cambio, el PRI mantuvo una multa de 12 millones, mientras que el PAN y el PRD, sin descuentos, conservaron sus sanciones de 4.7 millones y 6 mil pesos, respectivamente.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, fue clara en su crítica: los partidos entregaron información a destiempo, lo cual obligó a revisar miles de documentos “a marchas forzadas”. En sus palabras, esta práctica “desafortunada” desbordó la capacidad del órgano electoral para verificar con certeza cada documento, afectando la calidad del dictamen.
Los reclamos del PRI no tardaron en llegar. Su representante, Emilio Suárez Licona, acusó al SAT de responder sus solicitudes apenas unas horas antes de la sesión, y al INE de ignorar oficios previos que intentaban aclarar las supuestas omisiones. La diputada Marcela Guerra fue más allá: denunció que el órgano electoral había partido de premisas incorrectas y había ignorado 11 documentos enviados desde 2023.
La fiscalización, no obstante, no fue un acto aislado. El universo revisado incluyó a 315 partidos políticos, y se derivaron 296 oficios por errores y omisiones, 130 reuniones de confronta y 558 correcciones contables. Según La Jornada, 487 de estas correcciones fueron aceptadas por el INE.
No deja de llamar la atención que las rebajas más sustanciales hayan recaído únicamente en partidos del oficialismo. El INE, por su parte, defendió que los ajustes fueron resultado de aclaraciones técnicas y de documentación válida entregada en el plazo legal (aunque fuera en el límite extremo del mismo). Aun así, la percepción pública y la crítica de la oposición apuntan a un trato desigual y a un uso estratégico del tiempo para sortear sanciones millonarias.
En términos prácticos, estos ajustes representan más que simples cifras: exhiben un patrón de tolerancia institucional a la ineficiencia administrativa de los partidos y a la opacidad en el manejo de recursos. Como si se tratara de un sistema de recompensas para quien entrega tarde pero cumple —aunque sea a última hora y con el árbitro ya cansado—, el caso deja la puerta abierta a que el estándar fiscal de los partidos dependa más del timing político que de la transparencia contable.
