En un movimiento que podría reconfigurar el panorama judicial en torno a Enrique Peña Nieto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la apertura de una nueva carpeta de investigación contra el expresidente, ahora vinculada a la adquisición y uso del software espía Pegasus. A diferencia de intentos previos que se estancaron por falta de pruebas, esta nueva ofensiva legal cuenta con una pieza clave: las declaraciones de empresarios israelíes que aseguran haber pagado sobornos al exmandatario a cambio de contratos gubernamentales, incluyendo la compra del polémico sistema de espionaje.
La noticia, dada a conocer por el fiscal general Alejandro Gertz Manero durante la conferencia matutina del 8 de julio, detalla que la FGR ha solicitado formalmente asistencia jurídica internacional al gobierno de Israel. El objetivo es transformar en pruebas legales las declaraciones mediáticas provenientes de aquel país, donde se encuentra NSO Group, la empresa desarrolladora de Pegasus. Esta maniobra, según Gertz, busca evitar que las acusaciones queden en el vacío jurídico, como ocurrió en casos anteriores relacionados con el exmandatario.
Aunque las denuncias contra Peña Nieto no son nuevas —desde 2022 se sabe que existen expedientes por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales ligados a empresas como OHL—, esta es la primera vez que la FGR reconoce contar con “informes específicos, claros y muy precisos” sobre supuestos pagos por parte de compañías israelíes. Entre ellos, destaca un presunto soborno por 25 millones de dólares durante su sexenio, según lo publicado recientemente en el medio The Marker.
La narrativa del fiscal no disimula la frustración institucional: denuncias que no avanzaron por falta de ratificación, pruebas que nunca llegaron a consolidarse, y una constante falta de colaboración internacional. Por ello, ahora se insiste en la necesidad de validar jurídicamente la información revelada por medios extranjeros y actores privados. “Queremos que esa afirmación pública de unos empresarios israelíes quede establecida como prueba legal”, subrayó Gertz.
Esta nueva carpeta de investigación podría abrir un frente legal inédito si las autoridades israelíes colaboran. Sin embargo, el propio fiscal advirtió que las relaciones con ese país han sido “complicadas” en otros procesos, como el del caso Ayotzinapa. La cooperación dependerá, en última instancia, de que Israel acepte formalmente la solicitud bajo sus propias reglas de soberanía.
Lo que está en juego no es solo el historial del expresidente, sino la posibilidad de sentar precedentes en el uso de mecanismos de justicia internacional para casos de corrupción de alto nivel. Y aunque Gertz insiste en que no se permitirá repetir el fracaso de carpetas anteriores, el desenlace dependerá —otra vez— de si las palabras se convierten en pruebas y las pruebas en justicia.
